El gobernador ordenó la intervención de las cooperativas de Rawson y Trelew, acusadas de implementar un sistema para evitar pagar deudas millonarias a Cammesa, afectando el patrimonio público.
El gobernador de Chubut, Nacho Torres, anunció la intervención de las cooperativas eléctricas de Rawson y Trelew, en el marco de una investigación por presunto fraude relacionado con deudas acumuladas con la empresa mayorista Cammesa, que en la provincia alcanzarían los 20 mil millones de pesos. Según Torres, estas entidades habrían utilizado mecanismos judiciales para eludir los pagos, lo que generó un grave perjuicio económico.
Torres señaló que las cooperativas trabajaban en conjunto con un estudio de abogados de Mar del Plata, que cobraba honorarios millonarios y habría implementado un esquema de amparos judiciales con la supuesta complicidad de magistrados. El convenio firmado con este estudio, que incluía pagos de 600 mil dólares iniciales más un porcentaje de los ahorros obtenidos y un fee mensual de 15 mil dólares, fue calificado como «un robo al patrimonio de la cooperativa». Además, denunció que este acuerdo fue rubricado directamente por la presidenta de la cooperativa sin aprobación del Consejo de Administración, incumpliendo las normativas.
El gobernador informó que las nuevas autoridades de Cammesa respaldaron esta ofensiva para sanear las deudas de las distribuidoras eléctricas, las cuales suman más de 2.500 millones de dólares a nivel nacional. Aunque algunas cooperativas, como la de Gaiman, se destacan por su eficiencia, otras operan bajo prácticas irregulares y vínculos políticos poco claros, convirtiéndose en focos de corrupción.
Torres también evalúa la creación de una empresa provincial de energía que absorba aquellas cooperativas que ya no pueden garantizar un servicio adecuado. En paralelo, Cammesa propuso una reestructuración de deudas que incluye un período de gracia de 12 meses y un plazo de seis años con una tasa del 50%, buscando normalizar los flujos financieros y evitar la acumulación de nuevas deudas.
El caso pone en evidencia un entramado de abogados, jueces y funcionarios que habrían facilitado estas maniobras en diversas provincias, dejando un impacto económico significativo en el sistema energético del país y en los recursos públicos.
