Dos decretos habilitan a los militares a actuar como policías, incluyendo el uso de la fuerza y detenciones en flagrancia, generando críticas por violar leyes nacionales e internacionales y por redefinir sus roles tradicionales.
El Ejecutivo emitió dos decretos que habilitan a las Fuerzas Armadas a actuar en la seguridad interior, incluyendo el uso de la fuerza y detenciones en flagrancia, medidas que generan controversia por su posible violación de leyes nacionales e internacionales.
El decreto 1107 redefine los «objetos de valor estratégico» y habilita la cooperación de las Fuerzas Armadas con las policías provinciales y federales para protegerlos, lo que contradice lo establecido en la Ley de Defensa Nacional. El decreto 1112, por su parte, autoriza a los militares a armarse y proceder a aprehensiones durante actividades operativas, ampliando sus funciones a tareas de seguridad típicas de las fuerzas policiales.
Especialistas advierten que estas medidas representan un cambio significativo en el uso de las Fuerzas Armadas, al incluir el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado como hipótesis de empleo. Según Sergio Eissa, académico en Defensa, estas modificaciones deben leerse en conjunto con proyectos de ley como el de Seguridad Interior y la ley antimafia, que podrían restringir derechos y debilitar los controles parlamentarios.
