El ministro de Economía enfrenta una denuncia por supuestas maniobras que habrían favorecido a accionistas del mercado ByMA, incluida la posible implicación de su primo Nicky Caputo. El caso involucra a altos funcionarios y pone en foco la relación entre regulados y reguladores.
El ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, quedó en el centro de una investigación judicial por el presunto uso de información privilegiada en operaciones con acciones de ByMA. La causa, presentada por la ONG Arco Social, apunta a que un grupo de inversores habría comprado acciones de ByMA a precios bajos semanas antes de la firma de una resolución ministerial que disparó su valor, generando ganancias extraordinarias. Entre los acusados figuran Caputo, su primo Nicky Caputo, el presidente de ByMA, Ernesto Allaria, y altos funcionarios del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
La denuncia sostiene que la resolución firmada por Caputo permitió liberar $120.000 millones en dividendos retenidos por ley, beneficiando a ByMA, un mercado creado en 2016 por Nicky Caputo y Ernesto Allaria durante el gobierno de Mauricio Macri. Según los registros, tres semanas antes del anuncio, el volumen de operaciones en ByMA creció más de un 500%, mientras el precio de sus acciones aumentó un 50%, muy por encima del promedio del mercado. Esto generó sospechas de que actores vinculados a la compañía tenían acceso anticipado a información clave.
Caputo, a través de su abogado Matías Cúneo Libarona, se puso a disposición de la justicia federal este martes. Sin embargo, la relación entre el abogado y el ministro de Justicia, Germán Cúneo Libarona, hermano del defensor de Caputo, despertó críticas sobre posibles presiones en el proceso judicial. La causa, radicada en el Juzgado Federal Nro 8 y actualmente a cargo del juez Sebastián Ramos, será clave para determinar si hubo un delito de uso de información privilegiada y si se afectaron recursos del FGS en perjuicio de los jubilados.
Más allá del desenlace judicial, el caso pone de relieve las estrechas relaciones entre reguladores y regulados en ByMA, cuyo funcionamiento ha sido cuestionado por la falta de transparencia sobre sus accionistas. Mientras las acciones legales avanzan, el caso amenaza con destapar una red de intereses cruzados en el mercado financiero argentino.
