Carlos Rívolo pidió información a la Comisión Nacional de Valores y al juez Sebastián Ramos, con el objetivo de investigar posibles maniobras de información privilegiada vinculadas a operaciones bursátiles en ByMA. La causa involucra a importantes figuras del mercado y al ministro Luis Caputo.
El fiscal federal Carlos Rívolo avanzó en la investigación por el presunto uso de información privilegiada en la compraventa de acciones de ByMA. En su presentación, Rívolo solicitó al juez federal Sebastián Ramos que convoque al denunciante para ratificar la acusación y pidió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que informe si ha iniciado sumarios internos relacionados con las denuncias. Estas medidas buscan determinar si hubo actores que aprovecharon datos no públicos para operar en el mercado antes de que una resolución clave impactara en el valor de las acciones.
La denuncia, impulsada por la ONG Arco Social tras una publicación de LPO, señala que ciertas personas habrían conocido de antemano la firma de una resolución que permitió un giro de dividendos por 120.000 millones de pesos, lo que disparó el precio de las acciones de ByMA. Entre los involucrados se encuentran el ministro Luis Caputo, su primo Nicky Caputo, el presidente de ByMA Ernesto Allaria y altos funcionarios como Mariano de Los Heros, titular de la ANSES, y Fernando Bearzi, responsable del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
La investigación también se centra en operaciones inusuales en la bolsa, ya que el volumen de acciones de ByMA aumentó más del 500% en las últimas semanas. Rívolo solicitó datos de la Caja de Valores, que registra todas las transacciones bursátiles. Además, un rumor sugiere que Roberto Silva, titular de la CNV, pudo haber revelado información sobre los dividendos durante un viaje a Corea del Sur.
La preocupación oficial quedó evidenciada cuando Caputo presentó como abogado defensor a Matías Cúneo Libarona, hermano del ministro de Justicia. Aunque allegados afirmaron que Cúneo representa a Caputo desde 2015, su participación en la causa generó suspicacias entre magistrados, quienes lo interpretaron como un posible intento de presión judicial.
