Mientras en distritos cercanos como Hurlingham o Morón los efectivos continúan desempeñando sus funciones con normalidad, en Ituzaingó y Tres de Febrero, 32 policías fueron desafectados tras participar en protestas salariales utilizando móviles oficiales. La Auditoría de Asuntos Internos y el Ministerio de Seguridad bonaerense impulsaron denuncias penales por incumplimiento de los deberes de funcionario público e intimidación pública.
Un total de 32 efectivos policiales fueron apartados de sus funciones en Ituzaingó y Tres de Febrero tras protagonizar protestas en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales. La medida fue tomada por el Ministerio de Seguridad bonaerense, que además impulsó denuncias penales por incumplimiento de los deberes de funcionario público e intimidación pública. En cambio, en distritos como Hurlingham, San Miguel o Moreno los efectivos continúan desempeñando sus funciones con normalidad.
En Ituzaingó, la manifestación se realizó en una estación de servicio ubicada sobre la colectora del Acceso Oeste, donde los agentes utilizaron móviles oficiales en un «sirenazo» para visibilizar su reclamo. La Auditoría General de Asuntos Internos ordenó la inmediata desafectación de 18 efectivos, tras la denuncia presentada por el jefe de la Estación de Policía local, Julián Sanabria, y el titular del Comando de Patrullas, Alberto Rosa. El intendente Pablo Descalzo respaldó la decisión provincial y afirmó que “todo reclamo puede ser justo, pero debe hacerse de la manera correcta”.
En Tres de Febrero, un grupo de 14 policías realizó una protesta similar, utilizando siete patrulleros para cortar el tránsito en un acceso al distrito. La denuncia fue radicada por el jefe de la Estación de Policía local, Hernán Humbert, y la Fiscalía de San Martín abrió una investigación. Desde el municipio, el intendente Diego Valenzuela solicitó que la medida no afecte la seguridad en los barrios, aunque evitó pronunciarse sobre la sanción en sí.
Fuentes del área de seguridad explicaron que los efectivos policiales no están sindicalizados y, por su carácter de funcionarios públicos, no pueden realizar protestas de este tipo durante el servicio. Además, señalaron que el uso de vehículos oficiales para la manifestación podría configurar el delito de peculado por malversación de bienes del Estado. Mientras avanza la investigación judicial, las autoridades trabajan en la reorganización del patrullaje para evitar que la medida impacte en la seguridad de ambos distritos.
