La próxima semana se volverá a reunir el plenario de comisión de Diputados para lograr el dictamen. El proyecto libertario prevé llevar la edad de 16 a 13 años y modificar las sanciones aplicables.
El próximo 24 de abril, a partir de las 17hs, la Cámara de Diputados retomará el debate legislativo sobre la baja de la edad de imputabilidad en menores, que había quedado interrumpido la semana pasada. La discusión se llevará a cabo en una reunión plenaria conjunta que convocará a diversas comisiones parlamentarias, incluyendo Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Familia, Niñez y Juventudes, y Justicia, entre otras áreas relevantes. El objetivo primordial de este encuentro será lograr un avance significativo hacia la elaboración de un dictamen unificado que establezca un marco legal consensuado para abordar esta delicada cuestión.
En la agenda del plenario se encuentra el análisis exhaustivo de 13 proyectos de ley que proponen modificaciones a la legislación vigente, específicamente en lo referente a la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal. Si bien las iniciativas presentan matices y diferencias en sus articulados, la postura inicial del oficialismo se inclinaba por establecer los 13 años como la nueva edad de imputabilidad, mientras que diversos bloques de la oposición convergieron en la propuesta de fijar el límite en los 14 años. Este punto de coincidencia generó un terreno fértil para la posible construcción de un dictamen conjunto, un paso fundamental para la viabilidad futura de la legislación en este ámbito.
Más allá de la crucial cuestión de la edad mínima de imputabilidad, los proyectos de ley en consideración también abordan las sanciones aplicables a los menores que incurran en la comisión de delitos. Una característica destacada en la mayoría de los textos es la prevalencia de medidas alternativas a la privación de libertad, tales como amonestaciones formales, la realización de servicios comunitarios, la imposición de prohibiciones de conducir vehículos o de acercarse a determinadas personas, así como la implementación de mecanismos de reparación a las víctimas. Estas propuestas reflejan una búsqueda de equilibrio entre la necesidad de justicia y un enfoque que priorice la reintegración social de los jóvenes infractores.
Otro aspecto de significativa relevancia radica en la disparidad de las penas máximas sugeridas para los menores en comparación con el régimen penal de adultos. La propuesta del Gobierno se orienta hacia un límite de 20 años de privación de libertad, mientras que aproximadamente la mitad de los proyectos presentados sugieren un tope de 15 años.
El tratamiento de la baja de la edad de imputabilidad había sido suspendido previamente debido a la sesión en la que se votó la conformación de una comisión para investigar el caso $Libra y la interpelación a varios funcionarios. Este retraso generó incertidumbre sobre el avance del tema, pero el nuevo llamado al plenario busca retomar la discusión y concentrar nuevamente la atención en esta iniciativa legislativa.
El Gobierno busca con esta medida recuperar protagonismo en la agenda política y avanzar en un tema que genera amplio debate en la sociedad. La discusión sobre la edad de imputabilidad no solo involucra aspectos legales, sino también consideraciones éticas y sociales sobre cómo tratar a los menores en conflicto con la ley.
El consenso alcanzado en torno a los 14 años como edad mínima de imputabilidad representa un avance significativo en un tema que históricamente ha generado divisiones. Sin embargo, aún quedan desafíos por resolver, como la definición de las penas máximas y las condiciones específicas de las sanciones alternativas. Estos puntos serán cruciales para lograr un dictamen que cuente con el respaldo de la mayoría de los bloques legislativos.
