Este miércoles el Jefe de Gabinete presentó un documento con respuestas a más de 4.000 preguntas formuladas por los diputados. Sin embargo, en su escrito evitó mencionar detalles del acuerdo económico con el FMI y tampoco respondió sobre el caso $LIBRA.
En un escenario político marcado por tensiones y fuertes reclamos de la oposición, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó un extenso informe con respuestas a más de 4.000 preguntas formuladas por los diputados, apenas una hora y media antes de su comparecencia en el Congreso.
El Informe 142, un documento de gran volumen que repasa los puntos más relevantes de su gestión, tal como exige la Constitución Nacional, abordó temas de crucial importancia para el país, como la reestructuración económica y fiscal, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la situación de las reservas y el valor del dólar, la política previsional y el panorama de la obra pública. Sin embargo, la presentación estuvo lejos de satisfacer a la oposición, ya que numerosas preguntas quedaron sin respuesta o fueron eludidas, generando fuertes críticas por la falta de transparencia y la demora en la entrega de información clave.
Uno de los puntos más controvertidos fue la decisión de Francos de postergar las respuestas sobre el caso de la criptomoneda $Libra. A pesar de haber anticipado informalmente que respondería a 70 de las 120 preguntas relacionadas con este tema, el jefe de Gabinete argumentó que estas serán tratadas en una sesión especial programada para el martes 22 de abril a las 14 horas. El informe incluyó una aclaración explícita al respecto: “Las preguntas referidas a la temática Libra serán abordadas por el Jefe de Gabinete de Ministros durante la sesión prevista”. Esta decisión, sumada al retraso en la entrega del documento, intensificó los reclamos de los bloques opositores, quienes cuestionaron la falta de transparencia y la demora en la entrega de información clave.
El informe, que inicialmente fue publicado en la página web oficial del gobierno pero luego fue retirado, contenía un total de 2.307 preguntas respondidas. Sin embargo, se especificó que algunas respuestas aún estaban pendientes y serían cargadas “en el transcurso del día”. Entre las preguntas que quedaron sin respuesta se encuentran, por ejemplo, algunas relacionadas con la Hidrovía. En el documento enviado por la Jefatura de Gabinete, las secciones correspondientes a este tema aparecían en blanco, generando interrogantes sobre la gestión de esta importante vía fluvial.
En cuanto a las áreas abordadas, el informe detalló las medidas adoptadas en materia de reestructuración económica y fiscal. Según el documento, el gobierno mantiene su enfoque en la reducción del gasto público, la eliminación del déficit fiscal y la simplificación administrativa. Entre las acciones mencionadas se encuentran la discontinuación de programas de Aportes No Reembolsables (ANR) y la concentración del apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) a través de herramientas como el Certificado MiPyME, las Sociedades de Garantía Recíproca (SGRs) y el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.
En relación con las preguntas sobre el acuerdo con el FMI por USD 20.000 millones, la salida del cepo cambiario y la acumulación de reservas, Francos optó por respuestas breves y con pocas precisiones. Ante la pregunta específica sobre si se preveían desembolsos adicionales para alcanzar la meta de acumulación de reservas por USD 50.000 millones, Francos derivó la respuesta a la pregunta N° 659, la cual no figura desarrollada en el informe público, generando aún más controversia. Las respuestas evidenciaron una selectividad a la hora de profundizar o evitar dar detalles, sin brindar precisiones sobre el acuerdo con el Fondo ni estimaciones de tipo de cambio convergente. Lo más cercano a una respuesta fue la reiteración de los objetivos macroeconómicos: eliminar el déficit fiscal, reducir la inflación y avanzar hacia un “entorno de libertad económica”.
Otro punto destacado en el informe fue la política previsional. Según el documento, el Ejecutivo presentó estadísticas relacionadas con el Plan de Pago de Deuda Previsional, el otorgamiento de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y la reducción del gasto previsional real. Además, se mencionaron medidas para mejorar el acceso a turnos en el sistema previsional, aunque no se hizo referencia a posibles modificaciones en el esquema actual.
En relación con la inflación, el informe incluyó una actualización sobre el trabajo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Según Francos, el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya está finalizado y se encuentra a la espera de los avales institucionales necesarios para iniciar una campaña de sensibilización y alfabetización sobre su implementación. Este anuncio busca responder a las críticas sobre la medición de la inflación y la transparencia en los datos oficiales.
El manejo de la obra pública fue otro de los temas que generó debate en el Congreso. Según el informe presentado, el gobierno aseguró que no se están iniciando nuevos proyectos, aunque continúa otorgando contratos en distritos considerados “más amigables”. Este hecho provocó que los legisladores exigieran un listado detallado de las obras en ejecución y las paralizadas. En respuesta, el Ejecutivo incluyó información sobre convenios de traspaso de obras a las provincias y programas de colaboración, como el destinado a mejorar el acceso al agua en zonas rurales.
En cuanto al uso del impuesto PAIS, el informe brindó detalles sobre el estado de las obras financiadas a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Asimismo, se enumeraron los fondos fiduciarios que han sido disueltos, junto con sus normativas asociadas y el destino de los recursos obtenidos. Según el documento, no se han realizado reasignaciones impositivas, un punto que había sido cuestionado por algunos sectores de la oposición.
La decisión de Francos de postergar las respuestas sobre el caso de la criptomoneda $Libra y la entrega tardía del informe generaron fuertes críticas por parte de los bloques opositores. Legisladores señalaron que estas acciones dificultan el análisis y el debate de los temas más relevantes para el país, evidenciando una falta de transparencia y un desprecio por el rol del Congreso como órgano de control del Poder Ejecutivo.
Esta presentación de informe es un requerimiento de la Constitución Nacional, la cual estipula que el funcionario debe asistir mensualmente, alternando entre las cámaras legislativas. Sin embargo, esta práctica ha sido poco frecuente en la historia reciente, y la actual administración no ha sido la excepción. Este fue el segundo informa de gestión de Francos desde que asumió en el cargo.
