Autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad advirtieron que hay en estudio 224.657 pensiones que podrían ser dadas de baja en el corto plazo por «diversos motivos». Hasta el momento se realizaron 83.616 entrevistas médicas para «revisión de casos» y otras 128.660 ya programadas.
El Gobierno Nacional analiza suspender más de 220.000 pensiones no contributivas por discapacidad laboral tras detectar «irregularidades graves» en las auditorías realizadas por el Ministerio de Salud de la Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Según el informe, las investigaciones revelaron casos “disparatados” y “escandalosos”: desde personas fallecidas que seguían cobrando, mismas radiografías usadas en 150 trámites distintos, prófugos beneficiados, diagnósticos por pie plano y hasta una mujer que se disfrazaba de su esposo muerto para seguir percibiendo la prestación.
El 12 de febrero pasado el gobierno de La Libertad Avanza, en el marco del reordenamiento del sistema que está llevando la cartera a cargo de Mario Lugones se enviaron las 300.000 primeras cartas documento para comenzar a auditar todas las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL) activas. Al mes de abril el número trepó a 470.000 intimaciones de las cuales se entregaron 248.877.
De las 221.189 que no se entregaron fue porque:
- El 70% no completó de manera debida la dirección dónde viven
- El 10% declaró desconocer a la persona que figuraba en la carta documento.
- 928 personas fallecieron, pero una persona cercana seguía percibiendo el beneficio.
- 11.000 beneficiarios se mudaron y no declararon la nueva dirección.
- 3.900 se negaron a recibir la intimación para someterse a una nueva evaluación médica.
- 100 renunciaron a la pensión tras haberla recibido la carta documento.
Una alta fuente de la ANDIS advirtió que todavía “hay en estudio 224.657 pensiones que podrían ser dadas de baja en el corto plazo por diversos motivos”. Hasta el momento se realizaron 83.616 entrevistas médicas y hay 128.660 programadas.
Según las cifras que la cartera de Lugones hizo pública las auditorías sobre este tipo de pensiones es un “proceso progresivo que abarca más de un millón de casos y que busca garantizar que las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral cumplan con los criterios legales establecidos y asegurar que el beneficio llegue exclusivamente a quienes lo necesitan de acuerdo con el decreto 842/2024″.
Si las proyecciones realizadas por el Ministerio de Salud y la ANDIS se mantienen, el gobierno de Javier Milei “espera generar un ahorro de 900 mil millones de pesos en 2025″. Esto es más de 700 millones de dólares.
Recurso de amparo:
Las auditorias en marcha generan controversia, es una realidad. La Alianza Argentina de Pacientes Asociación Civil (ALAPA), asesorada por el abogado Nicolás Rechanik, interpuso una acción de amparo contra el Estado Nacional, específicamente contra la ANDIS para que se suspendan de manera urgente las auditorías presenciales de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, por considerarlas violatorias de derechos fundamentales.
La presentación solicita que se ordene al Estado dictar un acto administrativo que regule con claridad y participación social el procedimiento de control, incluyendo la presencia de representantes de personas con discapacidad en la elaboración de los protocolos.
También solicitan que se suspendan de inmediato los operativos presenciales en todo el país, hasta que se cumplan tres condiciones: la aprobación de un protocolo conforme a los estándares internacionales, la garantía de condiciones accesibles y no traumáticas, y la incorporación de mecanismos alternativos como auditorías virtuales, domiciliarias o con apoyos.
La demanda detalla una serie de episodios ocurridos en marzo y abril de 2025 en distintas provincias que, según el escrito, constituyen tratos inhumanos hacia personas con discapacidad. En Quilmes, se documentaron largas filas bajo el sol sin agua ni sombra, lo que provocó descompensaciones. Eso también sucedió en Morón, donde testigos aseguraron haber esperado «hasta diez horas para ser atendidos durante una ola de calor”. En Villa Ocampo, las auditorías colapsaron el sistema público de salud y obligaron a los beneficiarios a trasladarse a Reconquista. En el departamento 9 de Julio (Santa Fe), algunos debieron recorrer hasta 400 kilómetros para asistir a las citaciones.
