Un grupo de legisladores presentó una iniciativa para instalar un feriado inamovible el 21 de abril de cada año, día en el que falleció el Sumo Pontífice. Sin embargo, desde Casa Rosada quieren priorizar la «producción» y el «trabajo».
Tras la finalización del duelo nacional de siete días decretado por el presidente Javier Milei en honor al Papa Francisco, una propuesta legislativa generó un importante debate en el ámbito político. Un grupo de diputados nacionales, liderados principalmente por miembros de Unión por la Patria, presentó un proyecto de ley para declarar el 21 de abril, fecha del fallecimiento del Sumo Pontífice, como feriado nacional inamóvible.
La iniciativa, que busca honrar la memoria del Papa Francisco y reconocer su impacto global, fue recibida con escepticismo en la Casa Rosada. Fuentes cercanas al gobierno libertario califican la propuesta como «una locura en este contexto», señalando la necesidad de priorizar la producción y el trabajo en lugar de sumar feriados al calendario. Además, critican la supuesta conversión tardía de sectores peronistas al «francisquismo», recordando las tensiones iniciales durante el papado de Jorge Bergoglio.
El proyecto cuenta con el respaldo de legisladores como Germán Martínez, Cecilia Moreau y Roxana Monzón, así como el apoyo de diputadas como Mónica Macha (Nacional y Popular) y Marcela Pagano (La Libertad Avanza), esta última a pesar de su reciente enfrentamiento con la conducción de su bloque. Sin embargo, en el Congreso reconocen que las conversaciones sobre el tema están en una etapa inicial, y el documento fue girado a las comisiones de Legislación General y Relaciones Exteriores y Culto, presididas por los diputados Santiago Santurio (La Libertad Avanza) y Fernando Iglesias (PRO), respectivamente.

La postura del gobierno, expresada desde la Presidencia de la Cámara de Diputados, es clara: «La Argentina no necesita feriados. Necesita producir y trabajar». Esta línea de pensamiento, que prioriza la actividad económica sobre la conmemoración, anticipa una fuerte oposición del bloque libertario a la iniciativa, incluso por parte de legisladores con vínculos con el ámbito católico como Santiago Santurio.





