La Confederación General del Trabajo emitió un duro comunicado repudiando la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) por parte del Gobierno. La central obrera denuncia un «ataque directo» al modelo federal.
A través de un comunicado firmado por el Consejo Directivo, encabezado por Héctor Daer, la central obrera denunció que el cierre de estos organismos por parte del Gobierno Nacional «derivará en más accidentes y peligro para millones de personas que transitan día a día» las rutas nacionales.
La medida, anunciada previamente por el vocero presidencial Manuel Adorni y oficializada este martes 8 de julio a través del Decreto 461/2025 en el Boletín Oficial, implica además la creación de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, que absorberá las tareas de fiscalización de concesiones viales.
Al respecto, la CGT calificó la decisión como «un ataque directo al modelo de país federal que defendemos», y advirtió sobre el impacto en el empleo y la seguridad vial. «Deja en vilo a miles de trabajadores cuyas funciones y tareas en cada una de las rutas de la Argentina son fundamentales para la prevención de accidentes automovilísticos, una de las principales causas de muerte en nuestro país», reza el comunicado.
En el apartado más contundente del texto, la dirigencia sindical fue categórica: la medida «no hace más que transformar a las rutas argentinas en un espacio donde, más temprano que tarde, el abandono derivará en más accidentes y peligro para las millones de personas que las transitan día a día».
La cúpula sindical también criticó la «intempestiva e improvisada» desaparición de la CNRT y la ANSV, organismos estatales de prevención y supervisión. «Una vez más, el Poder Ejecutivo, en lugar de poner sus esfuerzos en mejorar la vida de las y los argentinos, lleva adelante acciones cuyo único objetivo es generar incertidumbre sobre miles de puestos de trabajo y desidia respecto de nuestras rutas», sentenció la CGT.
El vocero presidencial Manuel Adorni había justificado la disolución de la DNV argumentando que contaba con 5.184 agentes, de los cuales dos tercios realizaban funciones administrativas, técnicas o jerárquicas y solo un tercio tareas operativas. Adorni señaló que las tareas de control y prevención en las rutas nacionales quedarían bajo la órbita de Gendarmería Nacional.
Ante la latente posibilidad de despidos, la CGT anticipó que se «dispondrá a disposición de las acciones y medidas de fuerza que lleven adelante los trabajadores afectados en defensa de los puestos de trabajo y la seguridad de nuestros caminos». Los sindicatos que representan a los empleados públicos del área de transporte ya se encontraban en alerta desde hace un mes.
Graciela Aleñá, titular del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), fue aún más allá y acusó al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de propiciar «rutas nacionales de la muerte» al desmantelar un organismo clave para su mantenimiento. «Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas», afirmó Aleñá.
La dirigente sindical sostiene que la disolución de la DNV es «una decisión profundamente ideológica que se enmarca en el plan del gobierno de Javier Milei de achicar el Estado a su mínima expresión, avanzando sobre estructuras fundamentales con el argumento de la falta de eficiencia, lo cual es mentira». Y añadió: «Nos desfinanciaron desde que asumieron para desmantelarnos y acusarnos ahora de ineficientes. Hacemos un fuerte llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a oponerse a este decreto que también destruye otras áreas de transporte».
En sintonía con estas denuncias, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, sumó críticas y exigió la intervención de los gobernadores para frenar lo que considera un «retroceso sin precedentes». Aguiar alertó que el cierre de Vialidad «implica el abandono de miles de kilómetros de rutas nacionales y la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo».
Desde su perspectiva, el sindicalista advirtió sobre el inicio de un proceso de privatización del mantenimiento vial que, según su expresión, «mutila el desarrollo de todas las regiones del país y pone en riesgo la vida de millones de argentinos«, y que la creación de una nueva Agencia de Control de Concesiones propiciará «mega negociados».
