El jefe de Gabinete dejó en claro la postura inquebrantable del Gobierno ante los proyectos parlamentarios que, según el Ejecutivo, ponen en «riesgo el superávit fiscal». Francos afirmó que las iniciativas de los gobernadores o reformas ya aprobadas serán vetadas por Milei, y no descartó llevar los enfrentamientos a la Justicia si el Congreso insiste.
El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, alzó la voz para fijar la postura del Gobierno frente a la inminente discusión parlamentaria sobre diversos proyectos de ley que, a su juicio, comprometen el equilibrio fiscal.
En una entrevista con Radio La Red, Francos lanzó una dura advertencia: si las iniciativas promovidas por los gobernadores o las que ya obtuvieron media sanción en otras instancias legislativas son aprobadas, serán vetadas por el presidente Javier Milei. Además, anticipó una medida más drástica: la posibilidad de judicializar los conflictos si el Poder Legislativo insiste en modificar el rumbo económico adoptado por la administración nacional. «Las leyes se van a vetar y si se insiste, se judicializará», sentenció el funcionario.
Francos remarcó que la posición del Gobierno nacional respecto al equilibrio fiscal fue comunicada a todos los gobernadores desde el inicio de la gestión. «Ahí el presidente informó lo duro que iba a ser con la política a implementar», señaló, destacando que durante los últimos 18 meses, la administración avanzó en su objetivo central de sostener a toda costa el superávit fiscal.
Sobre la relación con las provincias, Francos admitió que la última reunión «ha sido razonable, con algunos es buena y con otros no tan buena». No obstante, cuestionó las declaraciones de los mandatarios provinciales: «Ahora, los gobernadores dicen que hicieron ajustes y habría que ver qué ajustes hicieron. Se juntan para pedir recursos que dicen que les corresponden, pero la ley establece una cosa distinta«, afirmó.
En esa línea, el jefe de Gabinete detalló que los recursos en discusión, particularmente los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), tienen una asignación precisa contemplada en la normativa vigente. «Los recursos a los que se refieren están siendo utilizados conforme dicen las leyes, que reciben fondos para emergencias provinciales. Se utilizaron con los incendios, las inundaciones y las tormentas. Es para emergencias, no es para distribuir a todas las provincias, conforme ahora lo que piden los gobernadores de acuerdo a la Ley de Coparticipación Federal», argumentó.
Además, Francos fue terminante respecto a proyectos como la reforma del sistema jubilatorio o la creación de fondos específicos para discapacidad y emergencia para Bahía Blanca, impulsados por los gobernadores y ya con media sanción. «Lo que está claro es que todos los gobernadores se reunieron para sacarle fondos al gobierno nacional o cambiar el objetivo de determinados fondos. Y además también están las leyes y medias sanciones que habían sancionado. Todas estas cosas se hacen a la ligera en el Congreso, sin medir el impacto y de dónde sale el dinero. El gobierno plantea esto porque todos los gobernadores se han unido detrás de esos objetivos, que rompen el equilibrio fiscal», aseveró.
El jefe de Gabinete agregó que cualquier alteración significativa en la distribución de fondos será neutralizada desde el Poder Ejecutivo. «No es que se pone en jaque al gobierno, el gobierno va a utilizar todos los medios para evitarlo. Los gobernadores ponen en jaque el rumbo que tomó la Argentina. Si nos atacan vamos a responder, no vamos a quedarnos callados sin explicarle al pueblo qué es lo que pretendemos».
Los proyectos que se tratarán este jueves en el Senado:
En primer lugar, uno de los temas sensibles es la ley jubilatoria, la cual implica un aumento real para todos los haberes y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasaría de $70 mil a $110 mil y se actualizaría por inflación.
Con menos votos fue aprobada en la Cámara baja la restitución por dos años de la moratoria, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años de aportes pudieran comprar los saldos faltantes para acceder al haber mínimo.
En tanto, la oposición también buscará a probar la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, es decir, pasado el final del Gobierno libertario. Esta medida reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras otras.
