En una decisión que ratifica su postura de “déficit cero”, el presidente confirmó que vetará cualquier ley que no haya sido impulsada por el Ejecutivo. La medida afecta a proyectos clave de la oposición, como la redistribución de fondos a las provincias y la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
El presidente Javier Milei dejó en claro que vetará cualquier iniciativa legislativa que no provenga de su propio gobierno, incluso aquellas que cuentan con un amplio consenso de la oposición. Esta postura del Gobierno Nacional afectará a proyectos clave impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, como la mayor distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que buscan aliviar la situación financiera de las provincias.
Fuentes de la Casa Rosada confirmaron a la prensa que el veto presidencial “no está en duda”, pese a las recientes declaraciones del ministro Federico Sturzenegger, quien sugirió que aceptar la ley de ATN podría ser una oportunidad para avanzar en una reforma de la Coparticipación Federal. Sin embargo, en el Gobierno se minimiza esta visión, calificándola de «chicana» y reiterando que la cuestión fiscal es innegociable.
Los proyectos sobre los ATN y el impuesto a los combustibles, que ya cuentan con media sanción del Senado, ahora deberán ser tratados en la Cámara de Diputados. La presidencia del recinto, en manos del libertario Martín Menem, tiene la directiva explícita de la Casa Rosada de retrasar el debate. Las provincias, por su parte, podrían forzar el tratamiento sobre tablas si logran reunir la cantidad de bancas necesarias.
Un informe técnico elaborado por los gobernadores estima que el costo fiscal de ambas iniciativas sería de 0,11% del PBI, y aun así, el gobierno de Milei seguiría sobrecumpliendo la meta de superávit fijada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, la Casa Rosada insiste en que “el superávit fiscal no se toca”, y que no permitirán que la oposición incida en los mecanismos para alcanzar el déficit cero.
La misma postura inflexible se extiende a otras leyes sancionadas por el Senado la semana pasada, como el aumento de las jubilaciones, la reincorporación de la moratoria y la emergencia en discapacidad. El propio Milei ha manifestado su intención de vetar estas normas. El Poder Ejecutivo tiene hasta el 30 de julio para hacerlo, una vez que el Senado remita los proyectos. Luego, el veto también deberá ser aprobado en ambas cámaras del Congreso.
Fuentes cercanas al Presidente justifican la decisión con un argumento moral y fiscal. “Sería inmoral que no vetáramos lo de los jubilados”, explicaron, argumentando que el componente previsional es un factor significativo en el superávit fiscal. Además, sostienen que el gobierno prioriza la asignación de recursos a los niños en situación de pobreza por sobre los jubilados, al considerar que la proporción de menores en esa situación es mayor.
