El Gobierno no buscaba negociar para frenar el rechazo al veto presidencial. La oposición contaba con apoyo de sectores del radicalismo y del PRO, además de Unión por la Patria.
En la Casa Rosada admitían que el oficialismo no tenía margen para evitar un revés en el Senado, donde la oposición preparaba una sesión para insistir con la ley de emergencia en discapacidad. La norma, ya vetada por el Poder Ejecutivo, volvía a debatirse a pocos días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y amenazaba con alterar el equilibrio fiscal que defendía la gestión de Javier Milei.
Desde el oficialismo anticipaban que la votación sumaría no solo los 30 senadores de Unión por la Patria, sino también a referentes del radicalismo como Martín Lousteau y Pablo Daniel Blanco, además de Guadalupe Tagliaferri (PRO) y otros monobloques. “Era inútil negociar, sabíamos que si se votaba, se iba a rechazar el veto”, reconocían fuentes gubernamentales, que daban la discusión por perdida.
La estrategia que analizaba el Gobierno se centraba en una eventual judicialización. La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, evaluaba cuestionar la legitimidad de la sesión en la que se habían aprobado tanto la emergencia en discapacidad como el aumento de jubilaciones. Al mismo tiempo, la oposición planeaba avanzar con cambios a la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), herramienta utilizada por Milei en distintas medidas de gestión.
El clima político se tensaba además por la filtración de audios de funcionarios. En los últimos días trascendían grabaciones atribuidas al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, sobre presuntas irregularidades en compras de medicamentos, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en reuniones privadas. Frente a estas denuncias, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificaba el hecho como “una operación de espionaje ilegal” atribuida al kirchnerismo y lo describía como “un ataque directo a la democracia argentina”.
