lunes, diciembre 1, 2025
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El Senado se encamina a rechazar el pliego de Lorena Villaverde

El Gobierno prevé que la Cámara alta rechazará el pliego de la legisladora electa por La Libertad Avanza, vinculada a una causa por narcomenudeo en Estados Unidos, y estima que el impacto político será limitado ante el debate por Ficha Limpia.

A días del recambio legislativo, el oficialismo asume que el Senado bloqueará la incorporación de Lorena Villaverde, señalada por una causa de hace más de veinte años en Florida, donde habría sido detenida con 400 gramos de cocaína. La oposición incluyó su impugnación en el temario de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que sesionará este miércoles desde las 11:00, mientras distintos sectores del peronismo anticipan que no insistirán en sostener su postulación.

Según fuentes parlamentarias, parte del bloque considera que defender a Villaverde interferirá con la estrategia para reabrir el debate por Ficha Limpia, proyecto que volvería al recinto tras no alcanzar mayoría absoluta en mayo. En ese contexto, dirigentes oficialistas señalan que la rionegrina difícilmente pueda asumir su banca y que, de concretarse el rechazo, la reemplazaría Enzo Fullone, suplente en la lista y actual empleado de Vialidad Nacional en Río Negro.

El caso de Villaverde se instaló públicamente durante la campaña, cuando la legisladora difundió videos en los que se sometió a pruebas toxicológicas para desmentir las acusaciones. “Quiero transparentar quién es uno”, afirmaba al mostrar resultados negativos ante sustancias como cocaína, marihuana y anfetaminas. Paralelamente, la oposición analizaba también impugnar los ingresos de Patricia Bullrich y Nadia Márquez, figuras centrales del bloque libertario.

En paralelo al debate por los pliegos, el peronismo busca avanzar esta semana con el proyecto que limita el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia, iniciativa que regresará al Senado tras modificaciones en Diputados. Durante su tratamiento en la Cámara baja se rechazó el artículo que impone un plazo de 90 días para que el Congreso se pronuncie sobre cada DNU, una alteración que obligará a un nuevo análisis legislativo y que, según el oficialismo, otorga mayor margen de maniobra al Poder Ejecutivo.

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