El Ministerio de Seguridad expresó apoyo formal a la causa que tramita en la Justicia estadounidense por presunto lavado de dinero y evasión fiscal vinculados a contratos internacionales de la Selección argentina.
El Gobierno nacional comunicó de manera oficial su respaldo a la investigación que llevan adelante la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) por presuntos desvíos y ocultamiento de fondos millonarios generados por la explotación comercial de la Selección argentina, en una causa que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.
La posición quedó plasmada en una carta enviada por el Ministerio de Seguridad al fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, en la que el Ejecutivo sostuvo que los hechos denunciados no constituyen simples irregularidades administrativas, sino posibles violaciones a la legislación tributaria y anticorrupción argentina, además de conductas incompatibles con la normativa estadounidense de prevención del lavado de dinero. En ese marco, el Gobierno puso a disposición colaboración institucional y documentación para avanzar en la pesquisa.
La denuncia que dio origen al expediente fue presentada por el abogado estadounidense Gilberto M. Garcia, en representación del empresario Guillermo Tofoni, titular de World Eleven, y describe un circuito por el cual al menos USD 19 millones que debían ingresar al país habrían sido transferidos a Estados Unidos a través de contratos internacionales. Según la documentación aportada, el esquema involucró a la empresa TourProdEnter LLC, radicada en Florida, señalada como receptora de fondos sin actividad económica comprobable.
El escrito sostiene que ese monto corresponde a casos testigo y advierte que, al considerar amistosos, patrocinios y derechos comerciales recientes, los ingresos bajo análisis podrían alcanzar los USD 300 millones. Entre los contratos mencionados figuran acuerdos por partidos internacionales y patrocinios globales, cuyos pagos no habrían sido declarados ni canalizados por el sistema financiero argentino.
Con el aval explícito del Estado argentino, la causa adquirió un peso institucional decisivo y continúa en etapa de evaluación en Estados Unidos. Mientras avanzan los análisis de FinCEN y de la Fiscalía federal, la investigación busca determinar el volumen real de fondos, el motivo de su desvío y las responsabilidades en la toma de decisiones financieras dentro de la AFA.
