Tras modificar por decreto el sistema de inteligencia, la Casa Rosada apuesta a manejar los tiempos parlamentarios mientras la oposición exige activar las bicamerales para intentar rechazar la medida.
El gobierno de Javier Milei avanza con una estrategia legislativa para blindar el DNU 941/25, que reformó el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado al cierre de las sesiones extraordinarias. La iniciativa generó fuertes cuestionamientos opositores, que reclaman su tratamiento inmediato en el Congreso.
El decreto introdujo cambios sustanciales en la Ley de Inteligencia Nacional, al redefinir competencias, reorganizar estructuras y crear nuevos ámbitos de coordinación interinstitucional. Uno de los puntos más controvertidos es la posibilidad de que personal de Inteligencia realice aprehensiones, bajo supuestos específicos, lo que abrió un frente de críticas políticas y presentaciones judiciales para frenar su aplicación.
En ese marco, legisladores de Fuerza Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica solicitaron a las autoridades parlamentarias la conformación de dos comisiones clave: la Bicameral de Inteligencia y la Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de dictaminar sobre la validez de los DNU. Las notas fueron elevadas al presidente de Diputados, Martín Menem, y a la titular del Senado, Victoria Villarruel.
Desde el oficialismo dejaron trascender que no impulsarán la conformación de las bicamerales durante el receso, con el objetivo de estirar los plazos reglamentarios y llevar el debate recién a marzo. El Ejecutivo tiene tiempo hasta el 15 de enero para remitir el decreto al Congreso y, ante la ausencia de comisión, el tema podría recién quedar habilitado para el recinto hacia fines de enero.
La oposición, en paralelo, explora reunir quórum en febrero para una sesión especial. El peronismo, Provincias Unidas y la Izquierda sumarían 121 diputados, aunque aún necesitarían al menos ocho voluntades más. En ese escenario, el rol de los gobernadores y de la UCR aparece como decisivo, mientras el PRO adelantó su apoyo general al DNU, aunque pidió conocer con precisión los protocolos y alcances operativos.
En el oficialismo sostienen que el Senado ofrece un escenario más favorable para sostener la reforma y recuerdan antecedentes recientes en los que un DNU fue rechazado por una Cámara pero quedó firme por falta de consenso en la otra. La oposición, en cambio, insiste en que el control de los DNU es una atribución obligatoria del Congreso, independiente de la agenda que fije el Poder Ejecutivo.
Con posiciones enfrentadas y márgenes ajustados, la disputa por el decreto de la SIDE anticipa un nuevo capítulo de tensión institucional, donde la definición final dependerá, una vez más, de la correlación de fuerzas en el recinto.
