La iniciativa enviada por la gestión de Javier Milei empezó a generar resistencias incluso entre sectores dialoguistas. Legisladores opositores sospechan que la Casa Rosada apunta a mejorar el consumo y aliviar costos empresariales en medio de la caída de ventas.
El proyecto del Gobierno nacional para derogar la ley de etiquetado frontal de alimentos aterrizó en el Senado y rápidamente encendió cuestionamientos dentro de la oposición y también entre aliados habituales de la Casa Rosada. Aunque el oficialismo todavía no logró activar el debate en comisión, distintos bloques ya comenzaron a marcar reparos sobre la intención de eliminar por completo los octógonos negros de advertencia nutricional.
Dentro del Congreso aparecieron dudas sobre el momento elegido por la administración de Javier Milei para impulsar el tema. Varios legisladores interpretaron que la medida buscó aliviar el impacto comercial de las etiquetas sobre determinados productos y mejorar un consumo golpeado por la caída de la actividad económica y la pérdida del poder adquisitivo.
Dudas entre aliados y críticas del kirchnerismo
Desde sectores del kirchnerismo cuestionaron la iniciativa y advirtieron que eliminar el sistema actual implicaría “liberar la carga negativa” de los octógonos para volver más atractivos ciertos alimentos en las góndolas. También plantearon que la discusión aparece en paralelo con aumentos tarifarios y recortes que impactan sobre el bolsillo de los consumidores.
En despachos dialoguistas también surgieron reparos. Algunos senadores señalaron que no existe urgencia para tratar el tema y reclamaron estudios técnicos que justifiquen la derogación total de la norma. Otros remarcaron que gran parte de la población ya se acostumbró al sistema de advertencias y consideraron excesivo avanzar directamente hacia su eliminación completa.
El argumento oficial y el costo para las pymes
El proyecto lleva las firmas de Javier Milei, Manuel Adorni y el ministro de Salud, Mario Lugones. En los fundamentos, el Gobierno sostuvo que el sistema actual genera dificultades para diferenciar alimentos con perfiles nutricionales distintos y que provoca costos regulatorios elevados, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
Desde la Casa Rosada argumentaron además que las exigencias vinculadas al rediseño de envases, adaptación de procesos y adecuación técnica terminaron afectando con mayor fuerza a empresas con menor capacidad financiera. Según el Ejecutivo, la derogación permitiría avanzar hacia un esquema “más consistente y adaptable” que combine información nutricional con desarrollo productivo y comercial.
