El acuerdo incluyó aumentos para docentes y no docentes, una mejora del 50% en las Becas Manuel Belgrano y $50.000 millones para hospitales universitarios. Las universidades sostendrán el reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario.
El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alcanzaron un acuerdo para recomponer salarios y reforzar partidas destinadas al sistema universitario. El entendimiento estableció una suba salarial del 24,33%, que se aplicará en dos etapas: un incremento del 21,33% en julio y otro del 3% en octubre. La firma llegó después de meses de conflicto, movilizaciones, paros y reclamos impulsados por rectores, docentes, no docentes y estudiantes de universidades públicas.
MÁS FONDOS PARA BECAS Y HOSPITALES
Además de la actualización salarial, el acuerdo incorporó una mejora del 50% para las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo productivo del país. También sumó una partida adicional de $50.000 millones para hospitales universitarios, uno de los puntos que las instituciones venían reclamando desde el inicio de las negociaciones.
Las conversaciones también incluyeron la situación de los docentes de colegios preuniversitarios, uno de los sectores más afectados por la pérdida de ingresos registrada en los últimos años. En paralelo, quedó abierta la convocatoria a nuevas instancias paritarias para discutir la evolución salarial y el impacto de la inflación sobre los trabajadores del sistema universitario.
LA CORTE DEFINIRÁ EL FUTURO DE LA LEY
Pese al acuerdo económico, las universidades resolvieron mantener la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y actualmente suspendida por una presentación realizada por el Poder Ejecutivo. La causa continúa en análisis dentro de la Corte Suprema de Justicia, que todavía no fijó una fecha para resolver el expediente.
Desde el Gobierno sostienen que la norma no cumple con los requisitos de financiamiento exigidos por la legislación vigente. Del otro lado, rectores y organizaciones universitarias consideran que la aplicación plena de la ley resulta indispensable para garantizar recursos estables para las universidades nacionales. Por ese motivo, el acuerdo firmado permitió descomprimir parte del conflicto presupuestario, pero no cerró la disputa política y judicial que continúa abierta.
