Nélida Agustina Bisio volverá a declarar el lunes ante el juez federal Ernesto Kreplak. La causa investigó el suministro de fentanilo contaminado y su posible vínculo con la muerte de 90 pacientes.
La exdirectora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, solicitó ampliar su declaración indagatoria. El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak aceptó el pedido y fijó la audiencia para el próximo lunes.
Bisio y la exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumado, quedaron imputadas por su actuación ante las irregularidades detectadas en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Ambas recuperaron la libertad después de depositar una caución de $75 millones y recibieron la prohibición de salir del país.
Los mensajes expusieron advertencias sobre el riesgo sanitario
La investigación incorporó conversaciones entre funcionarios y directivos de los laboratorios. En uno de los intercambios, una trabajadora del INAME advirtió que los productos de Ramallo no cumplieron con las Buenas Prácticas de Fabricación y alertó sobre posibles eventos adversos o muertes. Mantecón Fumado respondió que existía “un montón de guita” comprometida en los medicamentos distribuidos.
La Fiscalía también detectó que un funcionario informó a un directivo de HLB Pharma sobre una inspección prevista para el 28 de noviembre de 2024. Según el dictamen, el aviso permitió que el personal del laboratorio trabajara durante la noche para intentar corregir fallas antes del operativo, aunque los inspectores igualmente encontraron deficiencias críticas en los procesos de producción y control.
La carta de prohibición se firmó 38 días después
Los organismos analizaron dos cartas de advertencia: una prohibió la producción en Laboratorios Ramallo y otra impidió comercializar productos de HLB Pharma. La primera se firmó el 10 de febrero de 2025, 38 días después de su presentación técnica, pese a que la normativa estableció un plazo de dos días. La segunda nunca recibió las firmas necesarias, según el expediente.
La causa investigó los lotes 31.202 y 31.244, que reunieron más de 305.000 ampollas elaboradas con presencia de las bacterias Klebsiella y Ralstonia. La Fiscalía atribuyó a las exfuncionarias acciones y omisiones que permitieron la continuidad productiva de los laboratorios y propuso calificaciones con penas de 10 a 25 años de prisión, sin descartar nuevas imputaciones a medida que avance el proceso.
