El Gobierno dispuso la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial y ordenó transferir la seguridad, los bienes y distintas tareas operativas. El proceso deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.
La Casa Militar quedará a cargo de la seguridad integral de la Quinta de Olivos y de las residencias transitorias que utilicen el presidente Javier Milei y su familia. La decisión amplía las facultades del organismo, que hasta ahora concentraba su actividad en la custodia del mandatario y la protección del predio.
La reorganización también supone la salida de Osvaldo Javier Sosa, responsable de la administración de la residencia presidencial, y la separación de las funciones de seguridad, gestión y control. Fuentes oficiales señalaron que algunos empleados fueron apartados y otros reubicados, mientras distintas versiones situaron en cerca de 20 la cantidad de trabajadores despedidos.
Un cambio vinculado con la seguridad presidencial
Desde el Ejecutivo explicaron que la modificación responde a la necesidad de elevar los estándares de protección ante un escenario internacional más complejo. También relacionaron la medida con una eventual visita del papa León XIV, que requeriría el ingreso de personal externo para efectuar obras y tareas de acondicionamiento dentro de la residencia.
La decisión se conoció además entre versiones sobre filtraciones y movimientos internos que habrían generado malestar en el entorno presidencial. La Casa Rosada no confirmó esos episodios, pero tampoco explicó por qué la reestructuración tendrá carácter permanente ni por qué no alcanzará a otros espacios donde trabaja Milei, como la sede gubernamental.
La Casa Militar amplía sus atribuciones
El organismo depende de la Secretaría General de la Presidencia y está encabezado por el general de brigada Sebastián Ibáñez, uno de los responsables directos de la protección del Presidente. Con la nueva organización, también absorberá tareas de limpieza, cocina y atención, que quedarán bajo la órbita de personal civil y militar perteneciente a esa estructura.
La medida provocó el rechazo de ATE Capital. Su secretario general, Daniel Catalano, sostuvo que los cesanteados no recibieron explicaciones y anticipó acciones contra los despidos. Hasta ahora no se habían informado amenazas concretas dentro de la Quinta de Olivos, aunque durante el último año se registraron el suicidio de un soldado que cumplía funciones de custodia y la activación preventiva de un protocolo por una amenaza de bomba recibida en la Casa Rosada.
