A partir de febrero de 2025, las tarifas de agua en el AMBA aumentarán un 1%. Este ajuste es inferior al previsto según la fórmula de actualización mensual. Además, el Gobierno avanza hacia la privatización de AySA, lo que genera preocupación sobre el impacto en los costos y el acceso al servicio.
A partir de febrero de 2025, las tarifas de agua experimentarán un ajuste del 1%, tal como lo anunció la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía. Esta medida, oficializada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 11/2025, busca contener los aumentos tarifarios y aliviar la carga económica de los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El incremento del 1% es inferior al 3,29% que establece la fórmula de ajuste mensual denominada «Coeficiente K«. Este es el segundo mes consecutivo en que el Gobierno impone un tope a los aumentos, con el fin de desacelerar la inflación y mantener los aumentos por debajo del 2% mensual.
A pesar de la moderación de los aumentos, AySA logró mantener el equilibrio económico y operativo. Según la resolución, la empresa ha alcanzado condiciones de eficiencia que le permitieron sostener esta tendencia.
El impacto de este incremento variará según la zona, como se detalla a continuación:
- Servicio de agua y cloacas:
- Zona alta: 534.517 casos (20% del total). Factura promedio: $26.540.
- Zona media: 996.718 casos (37% del total). Factura promedio: $24.102.
- Zona baja: 1.187.139 casos (44% del total). Factura promedio: $19.367.
- Total general: 2.718.374 casos. Factura promedio: $22.514.
- Servicio de agua:
- Zona alta: 5.991 casos (1% del total). Factura promedio: $42.397.
- Zona media: 5.827 casos (1% del total). Factura promedio: $13.885.
- Zona baja: 582.044 casos (98% del total). Factura promedio: $7.383.
- Total general: 593.862 casos. Factura promedio: $7.798.
Se observa una importante disparidad entre las diferentes zonas, con las áreas de menores ingresos (zonas bajas) representando la mayoría de los casos y, por ende, enfrentando costos más bajos.
AySA reconoció que el esquema tarifario actual ya no responde adecuadamente a las demandas del contexto económico, por lo que se prepara para realizar una revisión integral en el primer trimestre de 2025. Este ajuste buscará modernizar la estructura tarifaria, asegurando tanto la sustentabilidad operativa de la empresa como la mejora continua del servicio.
En el marco de los planes del Gobierno de Javier Milei de avanzar en la privatización de empresas estatales, AySA aprobó un programa para incorporar capital privado. Esta medida permitiría reducir gradualmente la participación estatal en la empresa, lo que podría ser el primer paso hacia una eventual desestatización total o parcial.
La inclusión de inversores privados responde a la necesidad de aligerar la carga financiera del Estado, mientras se mantiene la calidad y eficiencia del servicio. Sin embargo, la privatización genera incertidumbre respecto a su impacto en las tarifas y en el acceso a los servicios para los sectores más vulnerables.
Mientras se implementan estas medidas, los usuarios del AMBA siguen enfrentando un escenario económico desafiante. Aunque el tope a las tarifas busca aliviar parcialmente el impacto en los bolsillos, la incertidumbre sobre futuros ajustes y el proceso de privatización sigue generando preocupación en amplios sectores de la sociedad.
La próxima revisión tarifaria y el plan de privatización marcarán un cambio crucial en el modelo de gestión de AySA, con efectos que aún están por verse.
