La comisión investigadora del caso $Libra no logra conformarse ante el impedimento oficialista para elegir autoridades, desatando la furia opositora. Denuncian que el gobierno busca frenar la pesquisa sobre la criptomoneda y advierten que, de persistir el bloqueo, impulsarán el juicio político contra el presidente y sus funcionarios.
La esperada reunión de la comisión investigadora del caso $Libra, creada para analizar el rol del presidente Javier Milei y otros funcionarios en el escándalo de la criptomoneda, concluyó sin avances significativos en la elección de autoridades, a pesar de la presencia de expositores y especialistas. Este fue el tercer encuentro en el que la comisión, que busca desentrañar la polémica de la fallida criptomoneda difundida por sectores vinculados al oficialismo, se vio impedida de conformarse formalmente.
El relanzamiento de la comisión, impulsado por diversos bloques opositores que demandan explicaciones, se topó nuevamente con los frenos impuestos por el oficialismo, lo que impidió la designación de un presidente. La coordinación recayó de facto en el secretario parlamentario, Adrián Pagán.
La jornada, prevista para las 16 horas, estuvo marcada por ausencias notorias. Desde antes del inicio, se sabía que los hermanos Javier y Karina Milei no asistirían. La diputada Sabrina Selva, de Unión por la Patria, solicitó que se informe oficialmente quiénes, en caso de ser citados, rechazan testificar. A esta lista se sumaron los organizadores del Tech Forum, Mauricio Novelli y Manuel Torres Godoy, quienes tampoco se presentaron, a pesar de haber sido citados por el Congreso.
La situación generó fuertes cuestionamientos. Incluso, la Coalición Cívica se retiró de la reunión ante la falta de una conformación oficial y el retraso en la elección de las autoridades. Maximiliano Ferraro, legislador de la Coalición Cívica, expresó su frustración en redes sociales: «Desde la Coalición Cívica propusimos citar a declarar a algunos de los principales responsables del lanzamiento de la criptomoneda: Mauricio Novelli, Sergio Morales y Manuel Terrones Godoy. Ninguno de ellos asistió. Tampoco lo hicieron otras personas señaladas en el marco de esta causa».
Ferraro criticó que, pese a las ausencias, se acordara «continuar la reunión como si se tratara de una comisión ordinaria, escuchando a periodistas y especialistas, vaciando de contenido y desnaturalizando la función investigadora con la que fue creada». Además, cuestionó la falta de una citación «bajo apercibimiento» a los implicados.
La comisión investigadora, integrada por 28 legisladores de distintos bloques, fue creada el 8 de abril con la aprobación de la Cámara de Diputados. Su objetivo es reunir documentación, tomar declaraciones, solicitar informes y elaborar un dictamen sobre el caso $Libra en un plazo de 90 días, con un informe final a presentarse 30 días después. Sin embargo, la falta de conformación amenaza con su extinción.
Fuentes de la oposición denuncian que el bloqueo busca impedir el funcionamiento de la comisión. «Hubo ofrecimientos muy razonables para resolver el funcionamiento y se niegan, porque el objetivo es impedir que la comisión funcione», señaló el diputado Fernando Carbajal antes de la reunión.
Ante este escenario, la oposición no descarta medidas más drásticas. «Frente a esto nosotros vamos a promover e impulsar el juicio político porque evidentemente es el único ámbito constitucional donde vamos a poder lograr el objetivo de investigar y que los corruptos no queden impunes, que es lo que quieren el bloque oficialista y sus aliados», sentenció Carbajal en diálogo con Infobae.
La disputa en la comisión $Libra se remonta a la controversia por la Presidencia. En abril, Oscar Zago, presidente del bloque MID, propuso a Marcela Pagano como titular, pero la conducción de la Cámara Baja, encabezada por Martín Menem, no la reconoce, dejando a la comisión en un «limbo reglamentario«.
El bloqueo de Menem en una comisión con potestad para iniciar procesos acusatorios contra el presidente, ministros y jueces de la Corte, agrava el estancamiento y la tensión política. Unión por la Patria mantiene un pedido en la Comisión de Juicio Político desde febrero que podría ser utilizado como base para avanzar, si logran sumar el apoyo de Encuentro Federal en la sesión prevista para el 2 de julio.
