Con la publicación en el Boletín Oficial, se confirmaba la desactivación de un DNU y de cuatro decretos delegados firmados por el presidente Javier Milei, luego de que ambas cámaras del Congreso expresaran su rechazo. La decisión ponía fin a la validez de medidas adoptadas durante el período de facultades extraordinarias otorgadas al Ejecutivo.
Las resoluciones, rubricadas por Martín Menem en Diputados y Victoria Villarruel en el Senado, alcanzaban normativas que incluían la creación de un Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional, que limitaba el derecho a huelga en el sector; la reorganización de la Administración Pública Nacional; la transformación del Instituto Nacional del Teatro y la fusión de los institutos históricos Yrigoyeneano y Juan Manuel de Rosas. También se anulaba la disolución de organismos como el INTA, INTI, INV, INPI y la Dirección Nacional de Vialidad, junto con la eliminación de la ARICCAME.
Otro de los puntos alcanzados fue la reestructuración del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que bajo el decreto rechazado pasaba a depender de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. El proceso de debate parlamentario se había iniciado el 6 de agosto en Diputados y continuó en el Senado la semana siguiente, donde la oposición reunió los votos para frenar cuatro de los decretos más controvertidos.
Desde el oficialismo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostenía que el Gobierno no pretendía extender esas facultades especiales. Según explicó, el objetivo consistía en que su equipo trabajara bajo la conciencia de un plazo limitado para avanzar con las reformas.
