Ante el inminente paro de transporte anunciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a nivel nacional para el martes 6 de mayo, el Gobierno Nacional convocó a una reunión de urgencia para este lunes a las 14:00, mediante videoconferencia, entre la cúpula del gremio y las cámaras empresariales del sector.
Esta convocatoria representa un intento contrarreloj del flamante secretario de Transporte, Luis Pierrini, quien asumió recientemente en reemplazo de Franco Mogetta, para desactivar la medida de fuerza ante la imposibilidad legal de dictar una nueva conciliación obligatoria.
La raíz del conflicto radica en la falta de acuerdo salarial para los meses de febrero a junio de 2025. Según un comunicado emitido por la UTA, la oferta empresarial consiste en un incremento remunerativo inferior al 6%, a abonarse recién a partir de junio, complementado con sumas no remunerativas de $40.000 (a pagar el 26 de mayo), $50.000 (el 16 de junio) y $70.000 (el 15 de julio), calificando esta propuesta como una «falta de respeto». El gremio exige un aumento del salario básico de los choferes desde los actuales $1.200.000 a $1.700.000.
Desde la perspectiva empresarial, Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor (AAETA), manifestó en declaraciones radiales que la oferta realizada se ajusta a las posibilidades del sector, considerando que aproximadamente la mitad de las líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantienen sus tarifas congeladas desde hace ocho meses. Fusaro señaló que la estructura de costos utilizada por el Gobierno para calcular los gastos de funcionamiento de los 18 mil colectivos del AMBA se basa en precios de diciembre del año anterior y no contempla ajustes tarifarios para el presente año. «Nosotros hicimos una oferta, pero el gremio la considera insuficiente», explicó.
El empresario también hizo referencia al esquema de subsidios que sostiene el sistema, donde el Estado define las tarifas, que históricamente son «simbólicas» en relación al costo real, con un 70% del mismo subsidiado. «Se nos maneja la caja desde afuera. Nosotros siempre ofrecemos lo máximo para evitar un conflicto, pero hasta ahora las herramientas arriba de la mesa fueron escasas«, concluyó Fusaro, evidenciando la compleja situación financiera que atraviesan las empresas.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, apeló a la dirigencia de la UTA a reconsiderar la medida de fuerza, sugiriendo que la reciente asunción de un nuevo secretario de Transporte podría abrir un espacio para el diálogo y la búsqueda de alternativas de solución.
De igual manera, la designación de Luis Pierrini al frente de la Secretaría de Transporte generó interrogantes, dado su perfil empresarial en el sector de seguros y la falta de antecedentes conocidos en la gestión del transporte. A esto se suma la incertidumbre sobre la continuidad de los tres subsecretarios designados durante la gestión de Mogetta –provenientes de Córdoba y con perfiles técnicos en transporte aéreo, ferroviario y automotor–, quienes podrían también presentar su renuncia.
Históricamente, las negociaciones salariales en el sector del transporte automotor han estado estrechamente ligadas a la política de subsidios del Gobierno nacional. En este contexto, se estima que el Estado destina alrededor de 87 mil millones de pesos mensuales para cubrir los costos operativos del sistema de colectivos de jurisdicción nacional, un factor clave que suele influir en la capacidad de las empresas para hacer frente a las demandas salariales de la UTA.
La reunión de este lunes se presenta como un momento crucial para evitar un paro que afectaría significativamente la movilidad de millones de personas en todo el país.
