Karina Andrade rechazó la flagrancia y determinó que no había pruebas suficientes para mantener las detenciones. El Gobierno criticó la decisión y reclamó sanciones más severas para los detenidos.
La jueza Karina Andrade ordenó la liberación de más de 100 manifestantes que habían sido detenidos durante los disturbios frente al Congreso, al considerar que no se cumplían los requisitos para aplicar el procedimiento de flagrancia. En su fallo, argumentó que la Justicia no pudo acreditar con pruebas suficientes que los arrestados hubieran cometido delitos en el momento exacto de su detención, lo que impidió que quedaran bajo prisión preventiva.
La decisión judicial desató fuertes cuestionamientos desde el Gobierno, particularmente por parte del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien reclamó «mayor dureza» en la aplicación de la ley. Desde el oficialismo sostienen que los incidentes fueron organizados por sectores del kirchnerismo con el objetivo de desestabilizar la gestión de Javier Milei, y consideran que los detenidos deberían afrontar sanciones más severas.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y dirigentes opositores denunciaron que la protesta fue reprimida de manera desproporcionada y alertaron sobre la persecución judicial contra los manifestantes. En medio de la escalada de tensión política, el Gobierno ratificó su postura de endurecer las penas contra quienes participen en disturbios callejeros, mientras la Justicia avanza con las investigaciones sobre los hechos ocurridos en el Congreso.
