El Ejecutivo parece haber declarado «cerrado» el caso del token $LIBRA tras la firma de un decreto por parte del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que disuelve la Unidad de Tareas de Investigación (UTI).
Esta unidad, creada para recopilar información e investigar sobre la operación de la criptomoneda que generó denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito contra el propio mandatario y su entorno, operó por menos de tres meses.
El Decreto 332/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, oficializa la disolución de la UTI, que había sido establecida el pasado 25 de febrero. Su creación se dio en respuesta al revuelo político generado luego de que el presidente Milei divulgara $LIBRA en sus redes sociales, un hecho que precedió a la caída del valor del criptoactivo a niveles cercanos a cero, afectando a numerosos inversores y sembrando la sospecha de una posible estafa.
Según el Gobierno, la tarea de la UTI «fue cumplimentada» y la información recopilada «fue remitida» al Ministerio Público Fiscal (MPF). La unidad tenía como objetivo colaborar con el Poder Judicial, solicitando información a organismos como la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Esta decisión del Gobierno reavivó la ofensiva opositora. Este miércoles, los bloques de la Cámara de Diputados solicitarán una sesión con un temario que, entre sus puntos principales, buscará resolver las autoridades de la Comisión $Libra.
Avances en la Investigación Judicial
Mientras tanto, la Justicia avanza en su propia investigación. El fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la causa bajo secreto de sumario, ya solicitó información al Banco Central y otras entidades sobre el estado patrimonial del presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El objetivo es esclarecer si hubo un beneficio económico en la promoción del activo digital.
La imputación contra el Presidente abarca presuntos delitos de cohecho, abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.
Además, la jueza María Servini dispuso la inhibición de bienes por 90 días para tres de los principales imputados en el caso: Mauricio Novelli, empresario vinculado al mundo cripto y con lazos cercanos a Milei; Sergio Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores; y Manuel Terrones Godoy, socio fundador de Tech Forum y también relacionado con el jefe de Estado.
La medida de inhibición se extiende a familiares directos de Novelli tras la aparición de imágenes de cámaras de seguridad que podrían probar un posible vaciamiento de cajas de seguridad por parte de su madre y hermana poco después del lanzamiento del criptoactivo. Las grabaciones, del primer día hábil posterior al posteo del presidente Milei (17 de febrero de 2025), muestran a María Alicia Rafaele y María Pía Novelli ingresando y saliendo de la sucursal Martínez del Banco Galicia con bolsos que, aparentemente, pasaron de estar vacíos a llenos de dinero.
Las cajas de seguridad, allanadas posteriormente por orden judicial, fueron encontradas vacías. La Fiscalía investiga si estos movimientos constituyen una maniobra para ocultar activos generados por la operatoria del criptoactivo basado en tecnología blockchain.
