El Ministro de Desregulación y Transformación, a cargo de Federico Sturzenegger, planea una serie de nuevas medidas que serán promulgadas mediante DNU con el objetivo de profundizar el achicamiento del Estado Nacional.
Esta semana la Casa Rosada mantuvo un perfil bajo en cuanto a anuncios para lograr capitalizar el impacto mediático del reciente levantamiento del cepo cambiario. Esta medida, que fue celebrada internamente por los funcionarios del gobierno libertario, se estableció como el logro político más significativo en lo que va del año para la administración actual.
Estratégicamente, esta táctica permitió al gobierno de Javier Milei recuperar el protagonismo en la agenda política, un posicionamiento que buscan consolidar y acentuar en los próximos meses a través de la implementación de diversas iniciativas.
En este contexto, la agenda de desregulación impulsada por Federico Sturzenegger se erige como un pilar fundamental de la narrativa libertaria. No obstante, su avance podría estar también motivado por una necesidad pragmática: en un plazo inferior a tres meses, expirarán las facultades delegadas que el Congreso Nacional otorgó al Poder Ejecutivo Nacional mediante la sanción de la Ley Bases.
Ante este panorama, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado dispone de una serie de medidas listas para ser promulgadas mediante decreto presidencial, con el objetivo de profundizar el achicamiento del Estado Nacional a través de diversas reformas normativas y la desburocratización de procesos administrativos. En línea con sus declaraciones previas, el ministro aspira a continuar durante este 2025 con la denominada “motosierra profunda” o “motosierra 2.0”, refiriéndose a recortes y reestructuraciones significativas en la administración pública.
Si bien el gobierno tenía previsto realizar un anuncio importante relacionado con la desregulación estatal el miércoles de esta semana, finalmente se optó por posponerlo hasta nuevo aviso.
Mientras tanto, permanecen en estado de preparación diversas medidas que se espera vean la luz en las próximas semanas. Una de ellas es un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de gran envergadura que contempla la eliminación de 24 organismos estatales, la fusión de más de 15 dependencias y la transformación de otras 16. La mayoría de las áreas afectadas son institutos y organismos descentralizados. Un ejemplo concreto es la unificación de varios institutos dependientes de la Secretaría de Cultura de la Nación en una única entidad, buscando optimizar recursos y centralizar las políticas del sector. Los ministerios de Capital Humano, Economía y Salud figuran entre los sectores que experimentarán los cambios más sustanciales.
No obstante, el alcance del DNU proyectado es aún más amplio, abarcando diversas áreas del Gabinete nacional. Esta extensión explica el prolongado proceso de elaboración de la medida, que lleva aproximadamente medio año en desarrollo, debido a la exhaustiva revisión de posibles modificaciones en múltiples sectores y la necesaria coordinación normativa y legal. Incluso, trascendieron solicitudes de cambios de último momento por parte de varios ministerios.
En un giro estratégico, fuentes gubernamentales señalan que la implementación de estas medidas podría no concretarse a través de un único DNU, sino mediante varios decretos específicos para cada área significativa. Esta decisión se fundamenta en dos razones principales: en primer lugar, la publicación de decretos individuales por cartera ministerial se considera una estrategia más efectiva para mantener el foco en la agenda política; en segundo lugar, responde a motivos estrictamente preventivos ante la eventual judicialización de las medidas.
Parte de este paquete es posible para el Gobierno a partir de las facultades administrativas que son detalladas en el artículo 3 de la Ley Bases. Esta permite la “modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades” innecesarias de los organismos, a la vez que habilita la “reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias”. Aun así, esa misma legislación bloquea la posibilidad de la disolución de más de 30 organismos.
