El Ministerio de Capital Humano incrementó drásticamente la alícuota que los clubes de fútbol profesional deben destinar a la seguridad social, pasando del 7,5% al 18,62% total, en un intento por revertir un desequilibrio de casi 20 mil millones de pesos que, según el Gobierno, era financiado por los jubilados.
La Subsecretaría de Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano había dispuesto un significativo aumento en la alícuota que los clubes de fútbol profesional debían aportar a la seguridad social, una medida que buscó corregir un déficit alarmante de casi $20 mil millones en el régimen especial que regía para el sector. La decisión, firmada por la subsecretaria Alexandra Biasutti y publicada en el Boletín Oficial, elevó la alícuota del 7,5% al 13,06% y añadió un recargo transitorio del 5,56% durante un año, alcanzando un total del 18,62% sobre el monto bruto recaudado por los clubes.
Esta disposición impactó directamente en la economía de todos los clubes que participaban en torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Profesional de Fútbol (LPF), abarcando tanto la Primera División masculina y femenina como las categorías de ascenso. Asimismo, la medida alcanzó al personal dependiente de la AFA y a los cuerpos médicos, técnicos y auxiliares de los planteles profesionales.
El incremento buscó reequilibrar el financiamiento de los principales regímenes de la seguridad social, incluyendo el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), el Régimen Nacional de Asignaciones Familiares y el Fondo Nacional de Empleo.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, justificó la medida en su cuenta de X (Twitter), señalando: “En 2024, los clubes de fútbol argentinos generaron 324 millones de dólares en ventas de jugadores. Sin embargo, a pesar de estos ingresos, el sector mantenía un régimen especial de aportes a la seguridad social que terminaba financiado por los jubilados”.
El origen de este desbalance se remontaba a la crisis de 2001, cuando la AFA obtuvo del gobierno de Eduardo Duhalde un régimen especial (Decreto 1212/03) que reemplazó el sistema general de aportes por un cargo sobre la venta de entradas, transferencias de jugadores y derechos de televisación. De esta forma, los clubes dejaron de contribuir al sistema jubilatorio como cualquier otro empleador, pasando a aportar solo un porcentaje de esos conceptos.
Aunque el diseño original del Decreto 1212/03 exigía neutralidad en la recaudación, la alícuota inicial del 2% resultó insuficiente para cubrir las obligaciones previsionales. A lo largo de los años, el porcentaje se incrementó sucesivamente: al 6,5% en 2005, al 6,75% en 2019 y al 7,5% en 2023. Sin embargo, a pesar de estos ajustes, el sistema nunca logró el equilibrio financiero, y el déficit fue absorbido por el sistema jubilatorio.
En los meses recientes, el desbalance se agravó. Entre noviembre de 2023 y abril de 2024, el déficit del sistema alcanzó los $7.000 millones. Este aumento se atribuyó a dos factores principales: la ampliación por parte de los clubes de la exención a actividades ajenas al fútbol, como la educación, y la migración de la venta de entradas a un sistema de “abonos”, excluidos del régimen especial, lo que redujo aún más la base imponible. Como resultado, la proporción de obligaciones efectivamente aportadas cayó drásticamente: del 57% al inicio de la presidencia de Javier Milei al 33% seis meses después.
Según un informe técnico de la Dirección Nacional de Coordinación de los Regímenes de la Seguridad Social, basado en datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanera (ARCA), las obligaciones devengadas a la seguridad social para el ciclo anual noviembre 2023-octubre 2024 ascendieron a $46.792 millones, pero los pagos ingresados solo cubrieron el 57% de ese monto. El faltante, de $19.930 millones, representó el 43% de las obligaciones.
Para corregir esta inequidad, el Decreto 939/24 había habilitado una comisión integrada por el gobierno y los clubes para diseñar un nuevo sistema sin déficit. Sin embargo, al vencer el plazo de seis meses, la propuesta presentada por la AFA y los clubes resultó «claramente deficitaria», según Sturzenegger, quien afirmó que la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, se negó a asumir riesgos y prefirió mantener el esquema vigente. Ante esta situación, a fines de abril, el Decreto 939/24 revirtió las obligaciones del fútbol a las reglas generales aplicables a todos los contribuyentes.
La reacción del fútbol no se hizo esperar. A pocos días de la vuelta al sistema general, la AFA obtuvo una medida cautelar del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Enrique Alonso Regueira, que restableció el privilegio. El argumento judicial se centró en el impacto económico para los clubes, considerando “una barbaridad” que Vélez y River debieran multiplicar sus aportes por 26 y 22, respectivamente.
Sturzenegger, sin embargo, replicó que el juez “omitió precisar que Vélez contribuía 12.000 dólares por 714 empleados y River unos 27.000 dólares por 1.530 empleados, a pesar de declarar ganancias de 28 millones de dólares y 65 millones de dólares en sus balances de 2024″, poniendo en perspectiva la magnitud de los ingresos de los clubes frente a sus aportes previos.
