Alejandro Maraniello, del fuero civil y comercial, acumula acusaciones por acoso sexual, abuso de poder y maltrato laboral. El magistrado deberá presentar su descargo en un plazo de 20 días.
El juez Alejandro Patricio Maraniello, responsable de ordenar el cese de la difusión de audios vinculados a Karina Milei, afronta nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por acoso sexual a empleadas de su juzgado. Según la notificación recibida la semana pasada, dispone de veinte días para responder por escrito ante la Comisión de Disciplina, presidida por el abogado César Grau. Desde septiembre de 2024, la Asociación de Empleados Judiciales había solicitado presencia policial en el tribunal para resguardar a trabajadores.
Las denuncias incluyen episodios de acoso laboral y sexual, abuso de poder y uso indebido de recursos públicos. Una de las empleadas relató que, a menos de una semana de ingresar al juzgado, fue citada fuera del horario laboral y sufrió tocamientos y besos no consentidos, además de presiones para mantener relaciones sexuales. Otra trabajadora denunció mensajes por redes sociales, comentarios sobre su vestimenta y maltratos tras rechazar pedidos personales. Informó que debió recurrir a medicación por depresión y pensamientos suicidas, situación que derivó en una presentación formal ante la Unidad de Bienestar Laboral.
La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, a cargo de la fiscal Mariana Labozzetta, tomó intervención y giró el expediente a la jueza María Servini y al fiscal Carlos Stornelli, al considerar que los hechos podían configurar delitos públicos por la condición de funcionario de Maraniello. La Comisión de Disciplina evalúa pruebas y testimonios, y podría derivar el caso a la Comisión de Acusación, con la posibilidad de iniciar un proceso de remoción.
En paralelo, el magistrado quedó en el centro de la escena por haber ordenado frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, tras la denuncia del Gobierno que los calificó como una “operación de inteligencia no institucional” para desestabilizar al Ejecutivo. El expediente se tramita en el Juzgado Federal N.° 10 de Julián Ercolini, mientras el oficialismo sostiene que la filtración formó parte de una maniobra para afectar el proceso electoral en la provincia de Buenos Aires y en los comicios nacionales.
