La Libertad Avanza quiere llevar al recinto las designaciones de Alejandro Oxenford y Wenceslao Bunge Saravia como representantes en Estados Unidos y España, respectivamente. Antes, habrá una reunión de Labor Parlamentaria el martes para llegar a un consenso de cuándo sesionar.
El Senado de la Nación Argentina definirá el próximo martes, en una reunión de Labor Parlamentaria, si sesiona el jueves 24 para tratar la aprobación de los pliegos que designan a Alejandro Carlos Francisco Oxenford y Wenceslao Bunge Saravia como embajadores argentinos en Estados Unidos y España, respectivamente.
La reunión de Labor Parlamentaria, donde los jefes de bloque se reunirán con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, se llevará a cabo a las 19:00 horas. Si bien la designación de los embajadores cuenta con un amplio consenso, en la reunión se decidirá si también se incluye en el temario la demorada ley de Ficha Limpia, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y está lista para su sanción.
La norma modifica las reglas de elegibilidad para los candidatos a cargos públicos y bloquearía a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia relacionada con delitos contra la administración pública, como el caso de Cristina Kirchner. Sin embargo, este proyecto de ley ha estado envuelto en controversias y maniobras legislativas que han generado incertidumbre incluso entre los propios legisladores.
En concreto, abraza a los “delitos de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal”. También, a los “delitos previstos en los capítulos VI-Cohecho y tráfico de influencias, VII-Malversación de caudales públicos, VIII-Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, IX-Exacciones ilegales, IX bis-Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y XIII-Encubrimiento, todos ellos contemplados en el título XI-Delitos contra la administración pública, del libro segundo del Código Penal”.
Además, quedarán comprendidos en este mecanismo “todo otro delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento que sea dispuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Constitución”.
Tres horas antes de la reunión de Labor Parlamentaria, el oficialismo y la oposición «dialoguista» realizarán un nuevo análisis de los votos con respecto a esta ley. Dado que se trata de una norma de carácter electoral, requiere de una mayoría absoluta de 37 votos en el recinto para su aprobación.
En este contexto, la atención se centra en la postura de los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, cuyo voto será determinante. Asimismo, se observa con atención la posición de un sector del radicalismo, que ha expresado dudas sobre la «escasa cantidad de delitos» incluidos en el proyecto, según declararon.
Cabe destacar que cualquier modificación al proyecto implicaría su devolución a la Cámara de Diputados para una segunda revisión, lo cual sería celebrado por el kirchnerismo, que se opone a la iniciativa.
