El capítulo fiscal del proyecto oficial generó tensiones entre gobernadores que acompañan a la Casa Rosada y abrió un escenario de votaciones cruzadas en el Senado. La reducción de alícuotas, en especial del impuesto a Ganancias para grandes empresas, implicará una caída de recursos coparticipables cercana a un billón de pesos.
La presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, confirmó que el oficialismo convocará a sesión el 11 de febrero y afirmó que la negociación está cerrada en un 95 por ciento, aunque admitió puntos pendientes con mandatarios provinciales y ministros. El Ejecutivo sostiene que la baja impositiva tendrá un costo del 0,65 por ciento del PBI, pero confía en que el crecimiento económico y la formalización de 400 mil trabajadores compensarán la merma.
Varios gobernadores adelantaron que respaldarán la reforma en general y rechazarán el tramo fiscal en particular, como ocurrió con el Presupuesto 2026. Buenos Aires perdería 397 mil millones, Santa Fe 161 mil millones y Córdoba 160 mil millones, mientras Chaco y Entre Ríos resignarían 90 y 88 mil millones. En distritos productivos advirtieron que no confrontarán por un recorte que impactará desde 2027.
Desde Economía, Luis Caputo ratificó que no habrá compensaciones adicionales aun si el artículo cae en el recinto. Un grupo de mandatarios críticos convocó a una reunión en el CFI, pero aliados del Gobierno como Leandro Zdero, Rogelio Frigerio, Ignacio Torres, Marcelo Orrego y Alfredo Cornejo evaluaron ausentarse para evitar un choque directo con la Nación.
