El proyecto, que ya tuvo media sanción en Diputados, ordena el sistema de juicios laborales y establece que los tribunales inferiores deberán acatar la jurisprudencia del máximo tribunal. También redefine el alcance sobre indemnizaciones y contratos vigentes.
El Senado tratará este viernes la reforma laboral impulsada por el oficialismo y se prevé una aprobación con amplio respaldo. El artículo 89 del texto fija que los jueces laborales deberán adecuar sus fallos a los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el artículo 90 advierte que el apartamiento injustificado podrá constituir causal de mal desempeño. La modificación reemplaza el artículo 124 de la Ley 18.345 y formaliza en la norma un criterio que, según especialistas, ya predominaba en la jurisprudencia.
Desde el oficialismo sostuvieron que la medida fortalecerá la seguridad jurídica frente a futuras impugnaciones de la CGT y otros sindicatos, mientras que abogados laboralistas como Daniel Funes de Rioja consideraron razonable el acatamiento obligatorio a la Corte, al tratarse del tribunal de última instancia. Otros especialistas señalaron que el carácter vinculante ya operaba en la práctica, aunque advirtieron que la posibilidad de remoción de magistrados podría generar controversias institucionales.
La reforma también avanza en la transferencia del fuero laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tras un acuerdo entre el Gobierno nacional y la gestión porteña, y crea una nueva Cámara de Apelaciones con seis jueces y diez juzgados de primera instancia. En paralelo, redefine aspectos centrales del régimen indemnizatorio, excluye ítems como aguinaldo y vacaciones del cálculo por despido y habilita el pago en cuotas.
En cuanto al alcance temporal, especialistas coincidieron en que la norma aplicará a todas las relaciones laborales vigentes al momento de un eventual despido posterior a su entrada en vigor. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, afirmó que la ley regirá para cualquier vínculo laboral existente y sostuvo que se trata de una precisión sobre el cálculo indemnizatorio, no de un cambio retroactivo. El debate parlamentario incluyó intentos de la oposición para limitar su aplicación a nuevos contratos, pero esas propuestas no prosperaron.
