Carlos Andrés Vaudagna, exjefe regional de la AFIP, está bajo investigación por utilizar su cargo público para actividades ilícitas que incluyen lavado de activos, enriquecimiento ilícito y uso de testaferros. Las acusaciones señalan una trama de corrupción institucional sin precedentes en la región.
Carlos Andrés Vaudagna, quien ocupó el máximo cargo en la AFIP regional Santa Fe hasta 2014 y en Rosario hasta 2020, enfrenta acusaciones por un conjunto de delitos que van desde la adquisición de bienes mediante testaferros hasta el asesoramiento para ocultar activos de contribuyentes bajo su supervisión. Según los fiscales a cargo de la investigación, Vaudagna usó su influencia, acceso a información privilegiada y recursos de la AFIP para beneficio personal, incluyendo la creación de una red de empresas y mutuales manejadas por familiares y socios cercanos.
La investigación, liderada por fiscales federales y la Procuración de Investigaciones Administrativas, revela que Vaudagna operaba como asesor financiero de múltiples empresas mientras ocupaba un cargo público clave. A través del análisis de su teléfono, secuestrado en 2021, se detectaron pruebas de una estructura delictiva compleja que involucraba cuentas offshore, adquisición de tierras y negocios en fideicomisos inmobiliarios.
Red de testaferros y operaciones ilícitas
Los fiscales detallan que Vaudagna utilizaba familiares y socios como prestanombres para adquirir y administrar propiedades, mutuales y empresas. Por ejemplo, se comprobó que las empresas Alma Láctea SRL y Lácteos Las Violetas SA fueron adquiridas mediante testaferros y gestionadas directamente por el exfuncionario. Además, mutuales como la Asociación Mutual Prestaciones Santa Fe para la Salud, Farmacia y Vivienda y la Asociación Mutual de Empleados del Hospital Piñeyro eran utilizadas para facturar servicios y canalizar ganancias ilícitas.
Una comunicación hallada en el celular de Vaudagna evidencia su estrategia: “Tesoro, Prestaciones Santa Fe es la mutual con la que yo facturo«, escribió en un mensaje, indicando cómo utilizaba estas entidades para ocultar operaciones.
El juez federal Ricardo Mihanovich, a cargo de la causa, ordenó allanamientos y el congelamiento de cuentas y bienes de 18 personas vinculadas a Vaudagna, entre ellas familiares y socios. Las autoridades también restringieron el acceso a cajas de seguridad y cuentas comitentes para prevenir el movimiento de fondos relacionados con las actividades ilícitas.
Corrupción institucional y enriquecimiento ilícito
Las pruebas incluyen transacciones millonarias realizadas a través de mutuales, compra de tierras a nombre de familiares y conversaciones que revelan su control directo sobre las empresas. En un mensaje, Vaudagna admite: «Cerré la venta del 50 % de las acciones de las sociedades en 253.840 dólares. El otro 50 % lo poseía yo«. También se detectaron intentos de justificar su crecimiento patrimonial mediante planes de pago y moratorias.
La fiscalía concluye que Vaudagna no actuaba solo y que su red de corrupción institucional aún no muestra sus límites. Mientras continúan las investigaciones, el caso expone cómo un alto funcionario público habría utilizado su posición para crear un entramado delictivo con amplias ramificaciones en Santa Fe y Rosario.
