Tras las recientes elecciones en CABA, los bloques opositores en la Cámara de Diputados elevaron un pedido de sesión para el próximo miércoles. La agenda incluye la votación de autoridades para la Comisión $LIBRA, el tratamiento de proyectos para el aumento de jubilaciones y un bono jubilatorio, y una nueva moratoria previsional.
Según adelantaron diferentes asesores, también se buscará la designación de nuevos miembros para la Auditoría General de la Nación (AGN), un tema que, aunque menos mediático, es crucial para la dinámica del cuerpo legislativo.
Además, una novedad en el temario es la intención de aprobar sobre tablas un proyecto de emergencia por las inundaciones que afectan a Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz y San Antonio de Areco.
Bloques como Encuentro Federal, Unión por la Patria, Coalición Cívica y Democracia intensificaron sus reuniones para coordinar estrategias y alcanzar consensos antes de la sesión. Estos encuentros también sirvieron para reacomodar a los legisladores tras los resultados electorales del domingo en la capital. Paralelamente, se aceleraron las negociaciones para unificar los dictámenes relacionados con el incremento de los haberes jubilatorios y la nueva moratoria. Si bien las diferencias entre los proyectos no son sustanciales, el acuerdo definitivo aún no se ha logrado.
Al respecto, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), extender la moratoria por dos años, como propone Unión por la Patria, tendría un costo fiscal marginal de apenas el 0,084% del PIB para el primer año y el 0,081% para el segundo, totalizando un costo fiscal acumulado del 0,165% del PIB.
En cuanto al bono que refuerza los haberes mínimos, si su valor subiera de $70.000 a $105.000 a partir de junio, el costo fiscal ascendería a $1.164.172 millones (0,14% del PIB), con un costo anualizado de $1.992.853 millones (0,23% del PIB). En caso de que el beneficio subiera a $115.000, el impacto alcanzaría los $1.500.961 millones (0,17% del PIB), con un costo anualizado de $2.567.477 millones (0,30% del PIB).
Ampliación del temario y discusiones internas:
Además de los puntos principales, se espera que se sumen al temario el dictamen sobre la ley de emergencia de discapacidad y el emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Este último incluye iniciativas impulsadas por el diputado José Luis Espert, relacionadas con las retenciones al agro y los presupuestos universitarios. Un legislador opositor expresó optimismo sobre la posibilidad de alcanzar el quórum necesario si logran reunir a todos los diputados. Sin embargo, otro advirtió sobre la necesidad de resolver primero las diferencias entre los múltiples dictámenes existentes.
En total, los 17 proyectos iniciales se redujeron a 11 dictámenes, que los bloques opositores intentarán consensuar antes de llevarlos al recinto. Este esfuerzo por alcanzar acuerdos refleja la complejidad de las negociaciones en un Congreso fragmentado, donde las alianzas y los equilibrios internos son fundamentales para avanzar en la agenda legislativa.
Un aspecto relevante es la postura de la oposición frente a las jubilaciones. Durante 2024, la oposición había aprobado una mejora jubilatoria que fue vetada por el presidente Javier Milei. Este veto fue respaldado por un grupo de legisladores de La Libertad Avanza (LLA), el PRO y un sector conocido como los «radicales con peluca». Ahora, algunos diputados opositores ven una oportunidad para fracturar ese bloque, especialmente dentro del PRO, donde las tensiones internas han aumentado.
La sesión del miércoles será una prueba clave para medir la capacidad de coordinación de los bloques opositores y su avance en temas sensibles como las jubilaciones y la composición de la AGN. También pondrá a prueba la cohesión interna de los bloques oficialistas y opositores en un contexto político marcado por las recientes elecciones y las tensiones entre las distintas facciones del Congreso.
