El debate por la limitación de las cuotas solidarias generó un inesperado conflicto dentro del gabinete nacional, a horas de la presentación oficial de la reforma laboral. La discusión puso en riesgo el cronograma previsto y reabrió diferencias entre sectores que acompañan a Javier Milei.
El punto crítico es el artículo que condiciona el cobro de las cuotas solidarias al consentimiento expreso de cada trabajador, una medida que modificaría el sistema de financiamiento sindical basado en descuentos obligatorios. El ministro Federico Sturzenegger, impulsor de la propuesta, retomó su defensa del texto original y contó con el apoyo de figuras como Patricia Bullrich, mientras que dirigentes cercanos a Santiago Caputo, a los Menem y al secretario de Trabajo Julio Cordero buscaban evitar un choque frontal con la CGT, que reclamó la eliminación del artículo.
Las presiones cruzadas frenaron la redacción final del proyecto, cuya presentación estaba anunciada para el martes y podría postergarse. Mientras el oficialismo evaluaba alternativas, fuentes parlamentarias confirmaron que Milei pidió un texto consensuado en el gabinete antes de fijar posición. El dilema es claro: retirar la limitación reduciría el nivel de conflicto con la CGT; mantenerla abriría un escenario de confrontación directa por el control de la “caja” sindical.
Más allá de este punto, el borrador incorporó cambios pedidos por la central obrera, como limitar la prelación de convenios por empresa, reforzar el rol de los sindicatos con personería y restringir la actuación de las comisiones internas. También se ajustó la figura del agente de retención, de modo que los empleadores ya no estarían obligados a descontar cuotas solidarias sin el consentimiento individual del trabajador.
Quedaron, sin embargo, artículos que mantienen la tensión con el sindicalismo. Entre ellos, la reducción de la ultraactividad, nuevas facultades de la Secretaría de Trabajo para suspender homologaciones cuando generen “distorsiones económicas graves”, sanciones por bloqueos a empresas, límites a las asambleas y la incorporación de prácticas desleales que permiten sancionar a sindicatos que dilaten negociaciones o incumplan conciliaciones obligatorias.
Mientras el Gobierno busca cerrar la versión definitiva, el debate interno dejó planteado un escenario incierto: la posibilidad de una reforma con menor resistencia sindical si se descarta la cláusula clave, o un proyecto que avance con ella y desencadene un conflicto de consecuencias imprevisibles.
