La Universidad de Buenos Aires considera que la nueva resolución ministerial precariza las condiciones laborales de los futuros profesionales de la salud y atenta contra la calidad formativa, sumándose a una jornada de protesta que confluye con reclamos por el Hospital Garrahan y la defensa del sistema público.
En un nuevo foco de tensión entre el ámbito universitario y el Poder Ejecutivo, la Universidad de Buenos Aires (UBA) ha decidido rechazar formalmente la Resolución Ministerial 2109/2025 del Ministerio de Salud de la Nación, que introduce cambios en el régimen de residencias médicas. La institución, a través de su Consejo Superior, manifestó su adhesión activa a la Marcha Federal de Salud de este jueves, una movilización que agrupa reclamos por la situación del Hospital Garrahan, la defensa del sistema público de salud y el rechazo a las modificaciones laborales impulsadas por la cartera sanitaria nacional.
La polémica resolución, publicada semanas atrás en el Boletín Oficial bajo la órbita del ministro Mario Lugones, habilita a los profesionales ingresantes al sistema nacional de residencias a optar entre dos modalidades de financiamiento para los 1.155 cupos ofrecidos: la “Beca Ministerio” y la “Beca Institución”. Ambas conservan el financiamiento público, pero difieren en su estructura y condiciones.
La Beca Ministerio contempla un ingreso neto mensual de aproximadamente $810.000, con descuentos por aportes jubilatorios y cobertura de la Obra Social de los Trabajadores del Estado Nacional. En contraste, la Beca Institución garantiza un monto bruto de $998.000, sin retenciones, con prestaciones de salud y seguros según cada hospital y la posibilidad de incentivos adicionales.
Más allá de los montos, la UBA cuestiona las nuevas condiciones laborales establecidas. El reglamento fija una carga de 45 horas semanales, incluyendo al menos una guardia de hasta 24 horas y un tope de ocho guardias mensuales, con media jornada de descanso post-guardia. Las licencias anuales se limitan a tres semanas, más permisos especiales por maternidad, paternidad, matrimonio y enfermedad.
El Consejo Superior de la UBA, en su sesión del 16 de julio, fue contundente al afirmar que las modificaciones “atentan contra la relación formal laboral de los profesionales y la calidad formativa del programa de residencias”. Subrayaron que el nuevo régimen “precariza las condiciones laborales de las y los graduados que integran el sistema de residencias, eliminando la relación formal del trabajo y transformando las residencias en becas de formación”. La universidad alertó, además, sobre una tendencia a la baja en la cobertura de vacantes, vinculando directamente este fenómeno con el deterioro de las condiciones laborales, las cuales, aseguran, la Resolución 2109/2025 “las empeora”.
Por estas razones, la UBA decidió sumarse a la Marcha Federal de la Salud, que partió desde el Congreso hacia Plaza de Mayo. La movilización, convocada por sindicatos, agrupaciones políticas, centros de estudiantes y colectivos como Ni Una Menos, también hizo foco en la situación del Hospital Garrahan, donde el Ministerio de Salud anunció cambios en las contrataciones de servicios de limpieza, seguridad y alimentación.
La viceministra Cecilia Loccisano defendió estas licitaciones vía X (antes Twitter), argumentando que las contrataciones anteriores presentaban irregularidades y que el Estado proyecta un ahorro de más de $1.200 millones en lo que resta del año.
Desde el Ministerio de Salud, se ha señalado que el nuevo esquema de becas es una “opción adicional” y que universidades y otras jurisdicciones conservan su autonomía para definir modelos de remuneración. Sin embargo, para la UBA, la postura de la Nación representa un claro retroceso.
La universidad instó a todas sus dependencias, desde facultades hasta institutos hospitalarios, a acompañar la jornada de protesta y dar amplia difusión a su postura. Cabe destacar que el Hospital de Clínicas, dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, sostiene sus cupos de residencia exclusivamente con presupuesto universitario, sin financiamiento nacional ni de otras jurisdicciones.
