El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y el senador nacional Maximiliano Abad expresaron su enérgico rechazo al reciente fallo de la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que condena a Argentina a pagar una millonaria indemnización por la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012.
Ambos actores políticos convocaron a todas las fuerzas políticas a unirse en defensa de YPF, considerada una herramienta esencial para el desarrollo del país y un símbolo de la soberanía nacional.
A través de un comunicado titulado “Exhortamos a todas las fuerzas políticas a defender YPF porque constituye una causa común de todos los argentinos”, la UCR hizo un llamado al conjunto de los espacios políticos a preservar la petrolera estatal. “Lo hacemos coherentes con nuestra historia y en defensa de su rol estratégico en el diseño y la ejecución de una política energética nacional”, argumentaron.
El partido, que recordó la creación de YPF bajo un gobierno radical en 1922, subrayó su postura histórica frente a la compañía: se opuso a su «ruinosa privatización» en 1992, impulsada durante el gobierno de Carlos Menem, y no consintió el «oscuro proceso de su reestatización» en 2012.
Según el comunicado, el fallo de la magistrada estadounidense constituye un «inaceptable intento de intromisión en nuestra soberanía y asuntos internos». La UCR detalló su postura en la reestatización de 2012, afirmando que impulsó un «dictamen propio claramente diferenciado del kirchnerismo», defendiendo siempre «una YPF con mayoría estatal, gestionada con transparencia y participación federal».
El partido también recordó que su representación legislativa rechazó el acuerdo de «solución amigable» de 2014, que buscaba compensar a Repsol con aproximadamente 10.000 millones de dólares.
Por su parte, el senador Maximiliano Abad presentó un proyecto de declaración en la Cámara Alta para que el Senado ratifique la inmunidad soberana que surge del artículo 10 de la Ley 26.741, aprobada en 2012, que reguló la expropiación de YPF. El objetivo del proyecto es fijar la posición del Congreso frente al fallo de la jueza Preska, que estipula que el Estado argentino debería entregar el 51% de las acciones expropiadas como parte de la sentencia.
Abad fue contundente al afirmar que «ninguna corte extranjera puede obligar a la Argentina a actuar contra su Constitución y sus leyes». Explicó que, para transferir las acciones de YPF, se requiere la aprobación del Congreso Nacional con mayoría calificada, por lo que la decisión del tribunal estadounidense es «jurídicamente improcedente y políticamente inaceptable». El legislador también instó al Poder Ejecutivo a utilizar esta «interpretación normativa» en el proceso de apelación para «consolidar la defensa jurídica del país en los tribunales internacionales».
El senador bonaerense enfatizó que “la causa YPF no es solo un litigio judicial: es un capítulo más en la historia de lucha por la soberanía de nuestros recursos”. Agregó que YPF “nació para garantizar el dominio argentino sobre el petróleo y sigue siendo una pieza clave de nuestra soberanía económica”.
El proyecto de Abad, acompañado por el senador nacional por Tierra del Fuego, Pablo Blanco, también advierte sobre las graves consecuencias económicas que podría generar el cumplimiento del fallo, como la afectación a las reservas del Banco Central, el debilitamiento del mercado financiero local, la pérdida de confianza de los inversores y tensiones institucionales internas. “La defensa de YPF es la defensa del federalismo, de la autonomía legislativa y del futuro de nuestros recursos estratégicos”, concluyó el senador.
