En respuesta al fallo de la Corte Suprema, varios gremios como ATE, las dos CTA y CATT anunciaron paros y manifestaciones en rechazo a lo que califican como un proceso de «proscripción judicial»
La confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad por parte de la Corte Suprema de Justicia provocó una inmediata y contundente reacción en el sindicalismo argentino. Diversas organizaciones gremiales anunciaron medidas de fuerza, incluyendo paros y movilizaciones, en lo que califican como una maniobra de persecución judicial.
Uno de los primeros en pronunciarse fue ATE Capital, que declaró un paro y movilización en rechazo al fallo. «El pueblo organizado no va a permitir este grave atropello», sostuvo el gremio en un comunicado, añadiendo: «Paramos y movilizamos, defender a Cristina es defender la democracia».
La conducción del sindicato estatal, liderada por Daniel “Tano” Catalano, participó en una reunión con otros dirigentes gremiales que inicialmente fue en SMATA y luego se trasladó al Partido Justicialista, donde también estuvo presente la expresidenta.
En este contexto, las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, difundieron un documento conjunto titulado “Contra la proscripción de Cristina – En defensa de la democracia”. Firmado por Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy, el texto expresó un rechazo anticipado al fallo, calificándolo de «operativo judicial» ejecutado por el «triunvirato que ocupa la Corte», a quienes acusaron de actuar como «brazo ejecutor de los poderes fácticos».
«La sentencia contra CFK estaba escrita antes de que comenzara el juicio”, aseguraron en el comunicado. Para ambas centrales, la resolución del máximo tribunal constituye una “vendetta política” que apunta directamente contra las conquistas populares alcanzadas en los últimos años. Las CTA advirtieron: “Ratificamos nuestra disposición a enfrentar la proscripción tal como lo hicimos en otros momentos críticos de la historia argentina”, evocando resistencias previas contra dictaduras y gobiernos de facto.
En paralelo, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que nuclea a más de treinta sindicatos del transporte terrestre, aéreo, ferroviario, portuario y fluvial, expresó su repudio a lo que definió como un «ataque que recibe Cristina Fernández de Kirchner de la Justicia». Liderada por Juan Carlos Schmid, la CATT sostuvo: «Nos pronunciamos en contra de la proscripción y la persecución política contra CFK”.
El comunicado de la CATT remarcó una “creciente utilización del Poder Judicial como herramienta de persecución y proscripción política”, especialmente en períodos electorales, mediante “fallos irregulares y operaciones mediáticas que intentan condicionar la voluntad popular”. Schmid, quien también encabeza la FeMPINRA, comparó la situación con lo ocurrido en Brasil con Lula da Silva: “Se reproducen medidas de dudosa legalidad promovidas por actores poderosos que nunca abandonan la escena política, aunque no se vean”.
En la misma línea, la CATT subrayó: “No tendremos democracia plena sin la libre participación de todos y todas”. Por ello, expresaron su solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner, a quien definieron como “quien fuera dos veces presidenta del país”.
El anuncio de estas medidas se dio en un marco de expectativa por una resolución que ya había comenzado a movilizar al sindicalismo. Mientras desde el oficialismo se hacía hincapié en «respetar las instituciones«, sectores del peronismo y del movimiento obrero preparaban distintas acciones que incluyen concentraciones, cortes sorpresivos y planes de lucha a desplegarse en las próximas horas.
El escenario, marcado por la tensión entre la dirigencia sindical y el gobierno, también quedó atravesado por un creciente malestar dentro de las filas gremiales frente a lo que consideran una falta de diálogo con la Casa Rosada. Esa lectura fue planteada por Andrés Rodríguez, titular de UPCN, quien describió un “conflicto continuo” derivado de la actitud “tan cerrada” del Ejecutivo nacional.
Desde el Instituto Patria no descartaron que otras organizaciones más alineadas con el kirchnerismo decidan adoptar medidas similares, en lo que ya se configura como un capítulo más de la disputa entre el sindicalismo combativo y el poder judicial.
