El oficialismo logró 137 votos en Diputados y el Presidente agradeció a mandatarios de provincias mineras. El Gobierno defendió la reforma por ampliar el control provincial sobre los recursos.
El presidente Javier Milei señaló como actores centrales a Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza) tras la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares en Diputados. El proyecto obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones luego de una sesión que se extendió por casi 12 horas.
El comunicado oficial sostuvo que la modificación permitirá dar mayor margen de acción a las provincias sobre sus recursos naturales y garantizar seguridad jurídica para las inversiones. También afirmó que la norma anterior generaba restricciones amplias que afectaban el desarrollo de actividades productivas.
Respaldo político de provincias mineras
El Gobierno vinculó el apoyo de los mandatarios con los intereses de las provincias integradas en la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre, y destacó que la reforma respondió a un reclamo histórico para recuperar facultades sobre los territorios. Según el texto difundido, el nuevo esquema permitirá habilitar explotaciones en áreas que no correspondían a zonas protegidas.
Desde la Casa Rosada indicaron que la actualización incorporó criterios técnico-científicos provinciales para determinar qué sectores deberán preservarse y cuáles podrán destinarse a la actividad minera.
Cambios en la ley y críticas opositoras
La reforma redefinió los alcances de protección sobre glaciares y ambiente periglacial, y habilitó un sistema de evaluaciones a cargo de las provincias. El oficialismo afirmó que el nuevo marco será más claro y federal, mientras que sectores opositores advirtieron sobre el posible impacto en zonas sensibles.
Durante el debate, bloques como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron la iniciativa y plantearon riesgos ambientales. El Gobierno, en tanto, defendió la medida y cuestionó a organizaciones ambientalistas, al sostener que buscaban frenar el desarrollo productivo.
Nuevo esquema y control de recursos
La ley original, sancionada en 2010, establecía restricciones a la actividad extractiva en áreas consideradas reservas de agua dulce. Con la reforma, el Ejecutivo impulsó un modelo que priorizó la evaluación provincial y el uso productivo de los territorios, bajo nuevos criterios técnicos.
El mensaje oficial remarcó que el proceso se trabajó durante un año y destacó la participación de funcionarios del área energética y minera, en un esquema que apuntó a consolidar un marco normativo orientado a la explotación de recursos con mayor intervención de las provincias.
