domingo 22 de septiembre de 2019 - Edición Nº195

Judiciales | 22 may 2019

El 6 de junio comenzará el juicio contra el femicida de Mariela Fernández

El único acusado es Facundo López, ex pareja de la mujer quién fue encontrada sin vida en su domicilio del Barrio 29 de Agosto el 27 de junio de 2017. La Secretaría de Derechos Humanos del Chaco acompañó durante todo el proceso a la familia de la víctima.


Por:
Redacción LPD

La secretaria de Derechos Humanos del Chaco, Celeste Segovia, recibió al padre y a la madre de Mariela Fernández, víctima de femicidio en 2017 cuyo juicio comenzará este 6 de junio con un único imputado: su expareja Facundo López. El 3 de junio se realizará en la Secretaría de Derechos Humanos un conversatorio y un mural para recordarla. Vale recordar que el Poder Judicial del Chaco le negó a la Secretaría de Derechos Humanos la posibilidad de constituirse como querellante particular en la causa por femicidio.

“Cuando asumí como secretaria de Derechos Humanos una de las primeras familias con las que me reuní fue con la de Mariela Fernández, que venía trabajando con ésta dependencia que se constituyó, por expreso pedido del gobernador en querellante de la causa por existir diversas aristas en la causa que podrían llegar a generar algún tipo de responsabilidad por omisión del Estado”, explicó Segovia.

Para ello, el gobernador Domingo Peppo firmó un decreto instruyendo a la Secretaría de Derechos Humanos a acompañar a las familias de víctimas de femicidio. “Así como en la Provincia existen antecedentes en los que el Estado se constituye como querellante particular en los delitos de lesa humanidad, en virtud de su responsabilidad internacional por los graves daños que se ha causado a la sociedad en un período muy nefasto de la historia argentina, también se ha impulsado desde la Secretaría la constitución de querellas en los casos de violencia institucional” detalló la funcionaria.

En el caso Mariela Fernández se intentó avanzar y ampliar esa legitimación para los casos de Femicidios en los que, si bien el perpetrador es un particular existía una dinámica de ‘infracción a los deberes de cuidado’ por parte del propio Estado: deficiente investigación fiscal, falta de adecuada atención de las instancias de emergencias.

El objetivo es visibilizar que, si bien el delito puede aparecer cometido por un particular, hay una responsabilidad por omisión estatal. “Particularmente en este caso, si bien no es el Estado el que activamente viola derechos humanos fundamentales de la víctima -en este caso particular fue la pareja, de acuerdo a la mecánica que tuvo el hecho que desencadenó en la muerte-, hubo diversas omisiones del deber de cuidado por parte de distintos dispositivos de emergencia e ineficiencia en la investigación, para evitar estos daños que provocaron la muerte de Mariela Fernández” analizó Segovia.

En ese sentido señaló que el femicidio era previsible y el Estado tenía herramientas para prever y prevenir. “Era un hecho previsible debido a que el imputado tenía muchas denuncias por violencia de género por parte de la víctima, además pesaba sobre él una prohibición de acercamiento, Mariela estaba inmersa en un contexto de violencia de género del cual no pudo salir a tiempo, ni tampoco el Estado llegó a tiempo con la garantía de sus derechos”, resumió la funcionaria.

El Ejecutivo no puede ser querellante en casos de femicidio

No obstante, en 2017 el Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso por el Estado, y se cerró la posibilidad de que la Provincia sea querellante en las causas de femicidio, donde el Estado por omisión del deber de cuidado en alguna circunstancia, o en algún momento de la cadena de responsabilidades no actúa con la debida eficiencia o como debería actuar en éstos casos en particular, debido a la doctrina que tiene el superior, con respecto a los femicidios. “Sin embargo la Secretaría de Derechos Humanos sigue acompañando a la familia, gestionando diversas acciones por parte del Estado, como la asistencia económica de los hijos de la víctima a través de la Ley Brisa, que se tramitó a través del ANSES, también se formalizó asistencia para refacciones de su hogar, se los acompaña moral y jurídicamente” expresó la funcionaria.

“Acompañamos el pedido de la justicia para que se aplique la pena de femicidio a este hombre que mató a su expareja en un contexto de violencia de género, y sentar así un precedente”, indicó Segovia e instó a trabajar en una política de prevención de violencia de género y asistencia a las víctimas para ayudarlas a salir de ese círculo de violencia.

El caso

El 27 de junio de 2017, Mariela Fernández de 25 años, madre de dos hijos, fue estrangulada por su expareja Facundo López, a quien había denunciado en varias oportunidades y tenía orden de captura por haber incendiado la casa en la que convivían.

A pesar de las denuncias, López se hallaba en libertad y vivía a pocas cuadras de la Comisaría Cuarta de Resistencia. La tarde del 27, Mariela dejó a su hijo menor con una vecina y le dijo: “si no vuelvo, no se lo des a él” en alusión a López.

Durante el resto de la tarde las vecinas del Barrio 29 de agosto llamaron repetidamente a la comisaría al escuchar gritos, pero la policía nunca acudió, aduciendo diferentes excusas: falta de personal, falta de móviles, etc. Recién cuando llegó Indalecio Fernández, padre de Mariela, los efectivos de la 4ta. aceptaron ir hasta el domicilio, que se hallaba a oscuras, por lo que se negaron a ingresar hasta que el hermano de Mariela forzó la puerta.

A la luz de los celulares no vieron a nadie e iban a retirarse, cuando Indalecio levantó un montón de ropa y encontró el cuerpo de Mariela. Para esa altura, Facundo López había escapado en colectivo. Fue capturado y apresado días después por “supuesto homicidio doblemente agravado por relación pre existente y femicidio”.

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