miércoles 18 de septiembre de 2019 - Edición Nº191

Legislatura Provincial | 11 jun 2019

La diputada Fonseca quiere que el Estado venda tierras al Arzobispado a un precio simbólico

La diputada justicialista, María Fonseca, promovió un proyecto de ley para transferir en venta al Arzobispado de Resistencia un terreno del barrio Villa Don Santiago. La transferencia se realizará a un “precio simbólico del 1% del precio de su utilidad anual”.


Por:
Redacción LPD

El proyecto lleva el número 2561 y fue presentado el 4 de junio. El artículo primero autoriza al Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda a transferir en venta a un precio simbólico equivalente al 1% de su utilidad anual, un inmueble de su propiedad -ubicado en el Barrio Villa Don Santiago de la ciudad de Resistencia- al Arzobispado de Resistencia.

La identificación del terreno es la siguiente: Nomenclatura Catastral: Circunscripción II – Sección A – Chacra 28 – Manzana 13 – Parcelas 2 a 7. Plano de Mensura: 20/27/03 Folio Real Matrícula: 61885. Propietario: Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda.

En tanto, que el artículo segundo faculta al Poder Ejecutivo Provincial a transferir los inmuebles identificados en el artículo 1º de la presente ley, al Arzobispado de la Ciudad de Resistencia, a los fines de su funcionamiento.

Además, establece que la Provincia del Chaco cederá la titularidad de los inmuebles señalados al Arzobispado de Resistencia, titularidad cedida bajo el cargo de ser revocada al momento en que el antes mencionado incumpla con alguno de los objetivos sociales enumerados en el artículo 4° de la presente, prohibiéndose toda subdivisión o adjudicación en venta del bien aquí cedido. La tramitación de escritura del inmueble será gratuita, dado el carácter social de la presente ley.

“El Arzobispado de Resistencia, destinará los inmuebles detallados a la construcción de un Centro de Atención Espiritual-Pastoral, donde se desarrollarán actividades pastorales que beneficien el aspecto social y espiritual de la comunidad”, indica el proyecto.

“Las Empresas S.A.M.E.E.P. y S.E.CH.E.E.P., proveerán de agua potable y energía eléctrica, respectivamente, a los efectos de poder desarrollar las actividades industriales bajo la modalidad de tarifa social”, añade.

También se exime de impuestos y tasas de toda índole a la actividad, y los trámites judiciales y/o administrativos de rigor que tuvieren por finalidad gravar el desempeño industrial, comercial y de servicios. La publicación de edictos en el Boletín Oficial será gratuita. Las exenciones precitadas tendrán una vigencia de diez años, prorrogables por igual período por el Poder Ejecutivo.

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