La jueza Loretta Preska exigió al gobierno argentino revelar información sobre las reservas de oro transferidas a Londres por el entonces ministro Luis Caputo. La medida, que se enmarca en la causa por la expropiación de YPF, intensifica la presión sobre el país y podría tener implicancias económicas significativas.
Preska ordenó entregar toda la documentación requerida por los beneficiarios del fallo, incluyendo detalles sobre la ubicación del oro del Banco Central. En su advertencia, subrayó que Argentina ha gastado más tiempo y recursos en evitar proporcionar esta información que en cumplir con la orden judicial. La defensa argentina había argumentado inmunidad soberana para los activos, pero Preska rechazó esa postura, aclarando que el tribunal decidirá qué bienes están protegidos.
El caso cobró relevancia tras una presentación en Londres por parte del Grupo Petersen y el fondo Eton, quienes buscan embargar los activos argentinos. Aunque el proceso está en instancia de apelación, la jueza dejó claro que el cumplimiento de las sentencias es obligatorio mientras continúe el trámite judicial.
Una fecha clave: el 24 de enero
El próximo 24 de enero, Preska decidirá si acepta la apelación argentina respecto a un fallo que habilita a ciertos acreedores a embargar 310 millones de dólares en cuentas del Banco Central en la Reserva Federal de Nueva York. De no prosperar la apelación, esos fondos deberán ser entregados a los demandantes, marcando un golpe financiero para el país.
Burford Capital, que adquirió los derechos de Petersen Energía, sigue siendo un actor central en el litigio. Según trascendidos, el fondo habría contratado a Gerardo «Gerry» Mato, ex ejecutivo del HSBC y cercano al libertarismo, para negociar con el gobierno de Javier Milei. Mato habría sido presentado por Mauricio Macri durante la campaña del actual presidente.
Milei y las negociaciones con Burford
Fuentes cercanas al caso aseguran que el gobierno de Milei estaría interesado en alcanzar un acuerdo con Burford. Sin embargo, el desafío radica en priorizar este conflicto dentro de una economía ya comprometida. «El entusiasmo de ambas partes es preocupante», comentó una fuente, anticipando el impacto que un eventual plan de pagos podría tener sobre las finanzas del país.
El litigio, que lleva más de nueve años, sigue acumulando tensiones y capítulos decisivos, mientras Argentina enfrenta las consecuencias legales y financieras de sus decisiones pasadas.
