El legislador del PJ es señalado por presuntamente liderar una red que difundía contenido difamatorio en plataformas como TikTok para desprestigiar adversarios políticos y proteger intereses empresariales. Las pesquisas lo vinculan con operadores y empleados de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con fuentes judiciales, Estrada habría trabajado junto a Alonso Javier Allemand, señalado como el principal operador de una estructura dedicada a desacreditar adversarios mediante cuentas anónimas. Estas cuentas viralizaban contenido difamatorio para proteger los intereses de los involucrados y perjudicar la imagen de figuras clave.
Durante los allanamientos realizados en propiedades de los acusados, las autoridades hallaron evidencias que incluyen testimonios que apuntan al financiamiento directo de Estrada y su entorno cercano. Según las pesquisas, empleados registrados en la nómina de la Cámara de Diputados de la Nación habrían ejecutado estas operaciones, lo que complica aún más la situación judicial del legislador.
El caso, que busca determinar si esta red operó como parte de un plan organizado para influir en la percepción pública, podría abrir nuevas investigaciones hacia otros actores políticos y empresariales. En un escenario que pone en juego la transparencia y la ética en la comunicación política, el desenlace de esta causa podría sentar un precedente clave en Argentina.
