La designación se oficializó mediante decretos publicados en el Boletín Oficial. El funcionario encabezará el organismo que representa legalmente al Estado y asesora al Presidente en causas estratégicas, entre ellas el litigio por YPF.
El Gobierno nacional oficializó la designación de Sebastián Amerio como nuevo procurador del Tesoro de la Nación, organismo responsable de la representación legal del Estado y del asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo. La medida se formalizó a través de los decretos 141/2026, 142/2026 y 143/2026, publicados en el Boletín Oficial.
La decisión se produjo en el marco de los cambios impulsados por el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, tras su llegada al Gabinete. Para asumir el cargo, Amerio dejó su puesto como secretario de Justicia y también su representación del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura.
El funcionario inició formalmente su gestión el 6 de marzo y quedó al frente del equipo de abogados que asesora al Presidente y defiende los intereses del Estado en litigios nacionales e internacionales. Entre los casos prioritarios aparece la causa vinculada a la expropiación de YPF, uno de los procesos judiciales más sensibles para el país.
Reorganización en el Ministerio de Justicia
La designación formó parte de una reconfiguración interna en la cartera de Justicia luego del nombramiento de Mahiques. En ese esquema, Santiago Viola asumió como nuevo secretario de Justicia y número dos del ministerio.
Para concretar el cambio también se aceptó la renuncia de Santiago María Castro Videla al cargo de procurador del Tesoro. Posteriormente el Gobierno dispuso la creación de una subprocuraduría adicional, puesto que ocupará el propio Castro Videla dentro de la estructura del organismo.
Un cargo clave para la defensa del Estado
La Procuración del Tesoro de la Nación cumple un rol central dentro del sistema jurídico estatal. El organismo coordina la estrategia legal del Gobierno en causas judiciales de alto impacto y asesora directamente al Poder Ejecutivo en cuestiones jurídicas.
En este contexto, la nueva conducción deberá intervenir en litigios relevantes para la administración nacional, entre ellos la disputa internacional vinculada a la expropiación de YPF, considerada una de las causas económicas más importantes para el Estado argentino.
Cambios en organismos vinculados
Tras asumir como ministro, Juan Bautista Mahiques también solicitó las renuncias de autoridades en distintos organismos vinculados al área de Justicia, entre ellos el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina de Bienes y la Inspección General de Justicia (IGJ).
Las designaciones para reemplazar a esos funcionarios todavía no fueron definidas, mientras el Gobierno continúa con la reorganización de áreas estratégicas dentro del ministerio.
