En el Council of the Americas, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger pidió públicamente al presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, que retire una medida cautelar vinculada a los aportes empresariales. El dirigente le respondió que “estamos en democracia” y recibió aplausos del auditorio.
Durante su exposición en el Hotel Alvear, Sturzenegger recordó el decreto que en marzo prohibía a las cámaras empresarias cobrar aportes obligatorios a compañías no afiliadas. Señaló que el Instituto Argentino de Capacitación (Inacap) había recurrido a la Justicia para frenar la medida y lo vinculó con la CAC. “Mario, sería un gran gesto dar de baja esa cautelar”, le reclamó en pleno escenario, antes de calificar ese accionar como propio de la “casta”.
Grinman respondió que la acción judicial correspondía a Inacap y no a la Cámara de Comercio, entidad que presidía desde hacía más de 100 años y que, aseguró, mantenía prestigio propio. Explicó que el instituto funcionaba con personería jurídica independiente y que debió recurrir a la Justicia para sostener sus objetivos estatutarios. “El ministro se equivoca en el enfoque”, afirmó, y subrayó que el planteo judicial surgía por la imposibilidad de sostener su esquema de capacitación con el decreto 149.
El trasfondo del cruce estuvo vinculado a los aportes que desde 2008 obligaban a las empresas a transferir un 0,5% del salario inicial mercantil al Inacap, lo que equivalía a $5.600 millones mensuales o casi $70.000 millones anuales. Con la nueva normativa, esos pagos pasaron a ser voluntarios. El Gobierno justificó la decisión como una corrección al considerar que tales contribuciones carecían de sustento legal y vulneraban la libertad de asociación, por lo que el Ministerio de Trabajo ya no homologará convenios que las incluyan.
