La agenda legislativa de agosto se presenta cargada de desafíos y tensiones para el Gobierno y la oposición en el Congreso, en un ajedrez político donde cada movimiento se mide al detalle con la mira puesta en las próximas elecciones y el destino de leyes clave para jubilados, discapacidad y la educación pública.
El panorama político se calienta en el Congreso mientras el presidente Javier Milei tiene hasta el próximo lunes 4 de agosto para definir si veta el aumento jubilatorio (7,2% más un bono de $40.000), la restitución de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. En simultáneo, la Casa Rosada negocia contrarreloj con los gobernadores para blindar sus posibles vetos, mientras la oposición busca mantener la iniciativa política y convocar a una sesión que exponga las diferencias.
Tras un fallido intento de sesionar esta semana, los bloques de la oposición, tanto la «dura» como la «dialoguista», negocian intensamente la fecha y el temario para una nueva convocatoria. El peronismo y la izquierda inclinan la balanza hacia el 6 de agosto, mientras que los radicales disidentes de «Democracia para Siempre» prefieren la semana del 13 de agosto. Sin embargo, el principal obstáculo reside en consensuar una agenda que garantice el quórum.
Si bien existe una aparente coincidencia en la importancia de debatir el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría (a raíz de la crisis del Hospital Garrahan), otros temas generan fricciones. El peronismo, por ejemplo, insiste en tratar el rechazo a una serie de decretos delegados firmados por el presidente Milei. Entre ellos, el DNU que desregula la Marina Mercante, el que busca disolver el Instituto del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), y el que transforma el Banco Nacional de Datos Genéticos en un organismo desconcentrado dependiente de la Jefatura de Gabinete.
Además, la oposición evalúa la posibilidad de aprobar un emplazamiento que establezca un plazo para que las comisiones de Presupuesto y Energía dictaminen sobre proyectos con media sanción del Senado, impulsados por los gobernadores: el reparto automático de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) a las provincias y la coparticipación de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos.
Un punto clave es que el temario no incluirá el eventual rechazo a los vetos presidenciales. La oposición considera que poner esos temas en debate más cerca de las elecciones de octubre aumentaría el costo político para aquellos que se inclinen a favor del oficialismo.
«Los kirchneristas quieren agregar muchos temas que no aceptan otros espacios y no logramos cerrar un temario», expresó un diputado «dialoguista». No obstante, otras voces opositoras reconocen que el verdadero problema radica en que el 7 de agosto vence el plazo para solicitar el reconocimiento de alianzas de cara a las elecciones, lo que genera temor a que diputados alineados con gobernadores en negociación con los libertarios se ausenten para no entorpecer esas conversaciones.
La oposición se mueve con cautela, buscando evitar a toda costa regalarle una victoria parlamentaria al Gobierno al convocar a una sesión sin quórum, máxime en la previa de la posible revisión de los vetos sobre jubilaciones y discapacidad.
Cabe destacar que, en caso de aprobarse, tanto la emergencia en pediatría como el aumento del financiamiento universitario tendrían un impacto fiscal significativo. El proyecto impulsado por los rectores universitarios, por ejemplo, prevé la actualización automática de los gastos de funcionamiento por inflación, la convocatoria a paritarias para recomponer el salario docente y no docente, y un aumento en las becas, entre otros puntos.
