Los 24 gobernadores unificaron un reclamo fiscal en el Congreso, presionando al Gobierno de Javier Milei. La Casa Rosada prepara una contraoferta para evitar un mayor conflicto legislativo y las implicancias que esto podría traer para la hoja de ruta económica.
La relación entre el Gobierno nacional y las 24 provincias atraviesa un momento de máxima tensión. La semana pasada, los gobernadores, en un inusual acto de unidad, acordaron un proyecto de ley para elevar al Congreso. La iniciativa busca resolver lo que el diálogo con la Casa Rosada no logró: incrementar el caudal de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), coparticipar el impuesto a los combustibles y eliminar fondos fiduciarios para despolitizar su distribución.
El mensaje llegó fuerte a Balcarce 50. En importantes despachos de la Casa Rosada, reconocen la imperiosa necesidad de alcanzar algún tipo de acuerdo con los mandatarios provinciales. El temor es que, si los gobernadores logran imponer sus propias iniciativas en el Congreso, se configure una mayoría en ambas cámaras que podría sobrepasar cualquier freno del oficialismo, comprometiendo seriamente la hoja de ruta económica del Gobierno.
Este escenario cobra fuerza. El pasado viernes por la noche, varios gobernadores –tanto aliados como opositores– participaron de un Zoom con senadores de Unión por la Patria, PRO, UCR y otros espacios, mostrando una inusual sintonía entre distritos tradicionalmente rivales o aliados del Gobierno de Javier Milei. «Estamos muy conformes con la respuesta de los gobernadores, vemos que es un reflejo de la cohesión que estamos teniendo», deslizaron desde una provincia con frecuente rivalidad con la Casa Rosada.
A pesar de la escalada, existe una leve certeza tanto en Nación como en las provincias de una «última chance» antes de que el proyecto de ley provincial avance definitivamente en el Congreso. Fuentes gubernamentales confirmaron que es inminente la presentación de una contraoferta atractiva para los gobernadores, buscando satisfacer varios de los reclamos esgrimidos la semana pasada en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). En esa reunión, representantes de 22 provincias conversaron con el viceministro del Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Aún se desconoce el alcance de las concesiones que el Gobierno estaría dispuesto a hacer.
Coincidentemente, este martes por la mañana, los ministros de Economía provinciales se reunirán con Guberman en el marco del CFI. Guberman es el funcionario que mejor conoce las posibilidades presupuestarias del Estado nacional para realizar concesiones. Se espera un comunicado oficial tras el encuentro.
En la cumbre de la semana pasada, los funcionarios nacionales propusieron transferir parte de los montos del ya extinto Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) para reparación de rutas nacionales. La oferta resultó insuficiente para todos los gobernadores, lo que derivó en la presentación del proyecto de ley firmado por las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
«Nosotros les pedimos aplazar la reunión del lunes y ellos no accedieron, lo cual era lógico porque ya habían coincidido todos para venir acá. Pero necesitábamos más tiempo para formular una respuesta más acabada. Se está preparando algo», confirmó una fuente gubernamental.
La oposición del Gobierno al proyecto de los gobernadores, que según las provincias no tendría una incidencia fiscal negativa, radica en el uso actual de esa recaudación para otros fines, algo que la Nación no estaría dispuesta a admitir.
En este contexto, cayeron pésimo las recientes declaraciones del presidente Milei, quien acusó a las provincias de no haberse ajustado, calificándolas como «la última trinchera de la casta» y de «faltarle el respeto a la sociedad».
Un día después de esas declaraciones, se concretó el Zoom multisectorial para acelerar los planes en el Congreso. Cerca del Presidente explican que «a Milei nunca le importó si una declaración suya tiene costo político» y que siempre declaró en el mismo sentido.
La preocupación libertaria se centra en la alta carga simbólica que tendría una unión de amplios sectores de la oposición en detrimento del oficialismo. Este escenario podría repetirse en el futuro con otro tipo de demandas y con mayor costo fiscal. Hasta el momento, el Gobierno había logrado estructurar el escenario político en el «apoyo o no» a sus iniciativas clave, principalmente fiscales.
En la Casa Rosada, perciben que el costo de oponerse al Gobierno ya no es tan alto como lo fue el año pasado, cuando se logró la sanción de la Ley Bases, el freno al DNU 70/23, y la ratificación del veto al incremento jubilatorio y al financiamiento universitario. Estos últimos dos temas han regresado a la agenda, con la posible insistencia en el veto jubilatorio en el Senado y el debate del financiamiento universitario en la Cámara baja esta semana.
Así las cosas, y a los ojos de diversos operadores del Gobierno, ofrecer una propuesta que satisfaga a los gobernadores parece ser menos costoso que el ruido y la inestabilidad que podría generarse por la vía del mercado si el conflicto se profundiza.
