La administración de Javier Milei mantiene su postura firme y avanza con la reducción de aranceles a la importación de celulares, una medida que impacta directamente a los fabricantes de Tierra del Fuego y en la industria nacional. El gobernador Gustavo Melella comenzó a emitir fuertes criticas, dejando abierta la posibilidad de judicializar la medida.
El anuncio gubernamental contempla la eliminación del arancel del 16% a la importación de celulares, implementada en dos etapas. La primera, con efecto inmediato este viernes, reducirá los aranceles del 16% al 8%. La segunda, que entrará en vigor el 15 de enero de 2026, eliminará por completo los aranceles.
Adicionalmente, se reducirán los impuestos internos para celulares, televisores y aires acondicionados importados, del 19% al 9,5%, y para los producidos en Tierra del Fuego, del 9,5% al 0%.
Esta decisión marca la primera vez que la Casa Rosada adopta medidas que afectan directamente a la industria tecnológica de Tierra del Fuego. A diferencia del DNU 70/2023, la Ley Bases y otros proyectos impulsados por La Libertad Avanza, que no abordaban esta cuestión, el gobierno actual busca reconfigurar el régimen especial de la provincia.
«Es la medida más popular que podemos hacer«, afirmó un alto funcionario, refiriéndose al decreto que se publicaría en los próximos días. En la conferencia de prensa del martes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó la reducción arancelaria, calificando de «ridícula» la situación de quienes viajan al exterior para comprar celulares, debido a los precios más altos en Argentina.
La tensión en la provincia escaló en las últimas horas, con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) iniciando un paro por tiempo indeterminado, advirtiendo sobre una posible intensificación de las medidas de fuerza. Sin embargo, desde Buenos Aires, el Gobierno asegura que la medida sigue adelante.
Con esta postura, el Gobierno nacional pretende iniciar un debate sobre el régimen especial de Tierra del Fuego, argumentando que es «un sistema injusto» que encarece los productos para los argentinos. Adorni, en una entrevista televisiva, señaló que «no tiene ninguna razón de ser que los argentinos subsidiemos una zona del país con cuestiones que se discutieron hace 50 años».
Hasta el año pasado, la postura del Gobierno era evitar tocar el régimen fueguino, priorizando estrategias para mitigar el impacto en el empleo. Sin embargo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reconoció que la reducción de aranceles podría generar pérdidas de empleo, pero defendió la medida como un avance hacia una economía más competitiva.
Sturzenegger argumenta que Tierra del Fuego debe diversificar su economía, sugiriendo el desarrollo del turismo. El diputado nacional Santiago Pauli, referente libertario en la provincia, afirma que las empresas del sector «se llenaron de plata durante años».
Un informe del FMI señala que las exenciones fiscales como las de Tierra del Fuego contribuyen a las inequidades del sistema tributario, instando a su desregulación. Según Fundar, el subrégimen industrial implica un costo fiscal anual de USD 1.070 millones.
La Gobernación fueguina denuncia la ruptura del diálogo con el Gobierno. «No hablaron con nosotros ni consultaron sobre la medida que anunciaron. Tampoco nos responden a pesar de que los llamamos», indicaron. El gobernador Melella confirmó que judicializará la medida si se publica en el Boletín Oficial, argumentando que «son puestos de trabajos que se pierden».
Además, a modo de protesta y para visibilizar la lucha, este viernes se llevarán a cabo actos en las tres ciudades de la provincia para conmemorar el 53 aniversario de la Ley N° 19.640, que creó el régimen de promoción industrial en la isla.
