La vicepresidenta había ordenado que los senadores con mandato cumplido devolvieran oficinas y mobiliario antes del 10 de diciembre, pero la medida generó reclamos y maniobras internas en todos los bloques.
La vicepresidenta Victoria Villarruel impulsó en septiembre una disposición que obligaba a los 24 senadores que terminan su mandato este año a devolver sus despachos y pertenencias oficiales, incluidos muebles, computadoras, celulares y tarjetas de comedor, antes del 10 de diciembre. El decreto 488, firmado por la titular del Senado, buscaba reasignar las oficinas y ordenar el uso de recursos legislativos, pero en las últimas semanas la medida desató tensiones y resistencias dentro de la Cámara alta.
El kirchnerismo y el bloque de Provincias Unidas iniciaron un intercambio de oficinas para retener los espacios más codiciados, mientras que legisladores del PRO y de los monobloques provinciales exigieron mejores ubicaciones. En paralelo, la UCR se mostró decidida a preservar sus despachos históricos en el segundo piso del Palacio Legislativo, pese a la reducción de su representación. En medio de las disputas, algunos senadores entregaron sus lugares anticipadamente, como Oscar Parrilli, quien cedió su despacho al bonaerense Eduardo “Wado” de Pedro.
Villarruel trató el tema en un almuerzo con jefes de bancada, donde varios legisladores cuestionaron la extensión de la discusión y el modo en que se comunicó la norma. En los pasillos del Senado, algunos admitieron que la medida resultó “improvisada” y que no se consultó a las áreas administrativas con experiencia en asignaciones. En tanto, los representantes provinciales recién llegados aprovecharon la disputa para pedir mejoras en sus espacios de trabajo, y el reacomodamiento de oficinas sigue abierto mientras crece el malestar interno.
Fuentes legislativas reconocen que la iniciativa de Villarruel, que buscaba romper una práctica histórica de heredar despachos, se convirtió en un nuevo foco de conflicto político. En la oposición sostienen que la titular del Senado intentó aplicar la norma “sin consenso ni planificación”, y advierten que el tema ya es parte de la disputa por el control del edificio y la distribución del poder interno en la Cámara alta.
