El Ejecutivo envió al Senado un proyecto para eliminar por completo la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable. Mientras el oficialismo cuestionó el impacto regulatorio y económico del sistema vigente, sectores dialoguistas anticiparon que pedirán estudios técnicos antes de avanzar.
El gobierno de Javier Milei presentó en la Cámara alta una iniciativa que propone derogar totalmente la ley de etiquetado frontal, sin modificaciones parciales ni reemplazos inmediatos. El proyecto ingresó con las firmas del Presidente, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Salud Mario Lugones. Desde el oficialismo argumentaron que el esquema actual dificulta distinguir perfiles nutricionales diferentes entre alimentos y limita incentivos para que la industria introduzca mejoras graduales en sus productos.
El oficialismo cuestionó el sistema y la oposición pidió evidencia
Entre los fundamentos enviados al Congreso, la administración nacional sostuvo que el modelo vigente genera advertencias uniformes sobre productos con composiciones distintas, reduce capacidad informativa y establece restricciones sobre publicidad, envases y estrategias comerciales. También planteó que el marco regulatorio debe respetar criterios de razonabilidad y proporcionalidad, buscando alternativas menos restrictivas que permitan alcanzar objetivos sanitarios sin afectar actividades económicas.
En paralelo, desde sectores de la oposición dialoguista apareció cautela frente al planteo oficial. Legisladores señalaron que no existe urgencia para tratar el tema y reclamaron estudios técnicos que respalden una modificación de ese alcance. También advirtieron que existen otras discusiones legislativas con prioridad política y remarcaron que eliminar completamente el sistema vigente abre interrogantes sobre el impacto en consumidores y políticas públicas.
El debate sumó costos empresariales y discusión sanitaria
Uno de los puntos centrales del proyecto oficial se concentró en el efecto económico sobre las empresas, especialmente sobre las PyMEs. El Ejecutivo sostuvo que las exigencias vinculadas con rediseño de envases, adaptación de procesos productivos, administración de stocks y evaluaciones técnicas generan mayores costos para compañías con menor capacidad financiera y podrían favorecer procesos de concentración del mercado.
Además, el Gobierno defendió que la derogación permitiría reducir costos asociados a producción, comercialización, publicidad y empaquetado, promoviendo un esquema que consideró más flexible y compatible con cambios futuros en materia nutricional. Desde sectores sindicales, sanitarios y vinculados a políticas alimentarias mantienen posiciones críticas y sostienen que el sistema actual continúa siendo una herramienta de información al consumidor y salud pública. Mientras tanto, el expediente espera el giro a comisiones para iniciar su discusión parlamentaria.
